El pico del dengue en Argentina expuso con un éxito infrecuente el fracaso de la idea oficial de la efectividad de un Estado que no controla, no exige y deja cuestiones delicadas en manos del mercado. En este caso, además, hay una trágica coincidencia de visiones entre lo que hacen las empresas y lo que hace el Gobierno de Javier Milei con la lógica de corrimiento de lo público. Mientras el Ejecutivo no sólo niega la necesidad de aplicar la vacuna contra el dengue sino que además cree que aplicarla hoy no serviría porque no impactaría positivamente para frenar la enfermedad; la empresa que fabrica repelentes en el país deja al mercado sin provisión porque -según denuncian en el comercio- se pasó el pico de ventas y, de empezar a producir ahora, se quedaría con un enorme stock sin vender de cara a la temporada invernal.

En el medio, ni el Ministerio de Salud ni la Secretaría de Comercio Interior tomaron contacto con la empresa productora o los grandes puntos de venta para averiguar por qué no hay producto, dónde se podría conseguir más y si conviene o no abrir la importación de un bien que abunda hasta en los países limítrofes y que acá es prenda de especulaciones empresarias e inacción estatal. Es decir, no sólo en el peor momento de la epidemia de dengue hubo una disparada de precios de los repelentes por la liberación del mercado (casi 100 por ciento desde que llegó Milei), sino que se dio una situación de abandono de la ciudadanía que empieza en el corrimiento de Estado y sigue por la falta de controles del gobierno a los privados.

“No falta producto porque hay muchas ventas, la empresa puede producir más, pero no lo hace porque no le interesa vender más repelente, ya pasó su temporada. Vende lo que tiene y el resto mala suerte, es una empresa que vende muchas otras cosas, no está interesada en vender más repelente del que hace por temporada”, contó a Página I12 un importante líder supermercadista multinacional que viene revisando, como sus colegas, de dónde sacar variantes alternativas. La referencia es para la firma estadounidense SC Johnson, que produce en el país el 90 por ciento del total de repelentes y espirales, que se volvieron consumos vitales en plena curva alta de mosquitos. Es decir, es amo y señor de la góndola de prevención del dengue. Según su cronograma, si hoy se pusieran a producir, se quedarían con una cantidad importante de stock que deberían guardar hasta noviembre, mes en que retoma, según las empresas, la venta en volúmenes importantes. En pocas palabras, no les conviene fabricar más para vender sólo algunos hasta que el frío tenga impacto en el mosquito.

Además, producir sus repelentes con las marcas OFF, Fuyí o Raid requiere la importación del DEET (Dietil-meta-toluamida), el principio activo del producto, que es lo único que se trae del exterior. Para producirlos nuevamente y a tiempo para cubrir la necesidad actual deberían importar en avión, cuando normalmente se hace vía barco en un proceso de comercio exterior que tarda semanas y es más económico. Hay que entender, cuentan los que conocen, que las empresas tienen tiempos de producción: en el caso de SC Johnson, los que siguen la operatoria diaria contaron a este medio que ya es el momento donde la producción se centra en el Lysoform, un desinfectante en aerosol que suele utilizarse mucho en la temporada otoño-invierno.

En el caso de los espirales, en tanto, son importados, en su mayoría, desde Indonesia. Lo único que se produce en el país es el envoltorio. Espirales no se consiguen ni se conseguirán en el corto plazo, porque según los comerciantes “se han vendido de manera récord” porque, a diferencia de los mata mosquitos en aerosol, duran más, son mucho más económicos y se pueden usar al aire libre. Para el Gobierno, en tanto, ni el repelente ni los espirales son un tema.

Entre la mentira y la inacción

El comunicado del Ministerio de Salud de la Nación sobre la epidemia de dengue no sólo contuvo imprecisiones sobre las vacunas, sino más que nada dejó en claro que el objetivo de Milei es que el Estado se corra de la administración de la crisis sanitaria. Lo paradójico es que mientras ya se cuentan 130 fallecidos por la enfermedad, no funcionan las empresas y el Estado no las controla, ergo, el mosquito se mueve con libertad entre la inacción del Gobierno y de los que deben vender el único producto para protegerse.

Este diario trató de contactarse con fuentes de SC Johnson para saber si, en este escenario, el Estado había intercendido para lograr un mejor abastecimiento, pero no obtuvo respuesta. Del lado del Gobierno aclaran que “la idea no es obligar a nadie a producir”. Tampoco, admiten, se pidió la moderación en los precios que se pagan por los repelentes. Los supermercadistas pocas veces han visto semejante nivel de desentendimiento por parte del Estado: “ni un llamado recibimos, nada, ni siquiera preguntándonos cómo se podría hacer para conseguir repelente alternativo”, conto una cadena pyme.

A decir verdad, el Gobierno no está regulando el conflicto. Un ejemplo: el OFF no está en las góndolas de los hipermercados y tampoco en farmacias, pero sí aparece en muchos locales mayoristas. No son pocos los que aseguran que al salir de los canales convencionales de venta directa y redireccionar la mercadería a la intermediación, se favorece la venta en negro y la disposición arbitraria de precios. Eso es lo que hace que en comercios barriales un repelente, de encontrarse, se pague hasta 10 mil pesos, y lo mismo ocurre en vendedores de Mercado Libre. En contraposición, en las ciudades donde por cuestiones climáticas se consume menos, como Bariloche, se está vendiendo a entre 2500 y 3000 pesos.