Nostalgia de la impunidad

Con los militares se podía negociar” dijo el provocador gastronómico Luis Barrionuevo, sobre el último paro y su falta de diálogo con el gobierno. El diputado Héctor Recalde recordó que en plena dictadura fue un coronel quien lo nombró al frente de la obra social, mientras que Aníbal Fernández calificó sus dichos como “casi un escupitajo en la cara de aquellos que hoy siguen siendo detenidos desaparecidos”.

Al recordar los testimonios en el juicio a los ex comandantes de otros burócratas sindicales, como los de Ramón Baldassini, y Jorge Triaca, que negaron conocer la existencia de sindicalistas desaparecidos, los dichos de Barrionuevo no pueden sorprender y hablan más de él que del gobierno. Son, incluso, una cocarda para este. Estela de Carlotto y Hugo Yasky dijeron que lo de Barrionuevo fue una confesión. Yasky agregó que hay dos clases de dirigentes sindicales: los que fueron interlocutores de la dictadura y los que defendieron los derechos de los trabajadores. “Dijo la verdad, siempre estuvieron con los milicos y delataron a los compañeros”, afirmó Hebe de Bonafini. HIJOS se preguntó si Barrionuevo negoció con la vida y la libertad de los trabajadores. Viene también a la memoria que como parte del escrache durante el juicio a Alfredo Astiz por reivindicar, a modo de confesión mediática, los crímenes de la dictadura, miembros de HIJOS descubrieron unas remeras con la leyenda “cárcel al torturador” y otras con la de “cárcel por torturador”. La primera se acomodaba a la coyuntura. Transcurría el 2000 y los juicios de lesa humanidad no se habían reabierto. La segunda, en cambio, iba por más: Astiz debía ser juzgado y condenado por los crímenes aberrantes en los que participó.

En Chile, envuelto en una vorágine de reclamos sectoriales, con trabajadores y estudiantes que por manifestar en las calles reciben palos de la policía, el secretario general del partido derechista Renovación Nacional, Mario Desbordes –vaya el apellido- recibió similares repudios al criticar la decisión del gobierno de entregar la medalla Bernardo O’Higgins a los obreros escoceses que, en solidaridad con el pueblo chileno, se negaron a reparar los aviones Hawker utilizados en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Agregó que quienes tenían que ser condecorados eran los pilotos que participaron del bombardeo a la Casa de la Moneda, “necesario para salvar lo que quedaba de Chile” dijo, aludiendo a los negocios de los grupos económicos y al correlativo despojo a las clases populares.

Las manifestaciones de Desbordes se conocieron al iniciarse la Copa América, mientras una tribuna del Estadio Nacional de Chile quedaba vacía en conmemoración de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, en la que dicho estadio fue el mayor centro clandestino de detención y que desde 2003 es un espacio de memoria. “Aquí la sinrazón funcionó día y noche, los valientes soldados junto a sádicos civiles sometieron a las más aberrantes torturas a jóvenes mujeres embarazadas, a muchachos universitarios, al viejo sindicalista, al médico idealista que quería una patria justa. A este Estadio Nacional también vinieron agentes de Uruguay, Brasil y Argentina, todos instruidos en la criminal Escuela de las Américas de Panamá, quienes traían macabros métodos de tortura”, dice el sitio del Estadio Nacional, Memoria Nacional, recordando el acuerdo entre las dictaduras del cono sur para perseguir y eliminar a opositores políticos, que tuvo a las de la Argentina y Chile como sus actores principales, conocido como Operación Cóndor.

Las caras de la complicidad civil no se detienen ahí. Tres legisladores de la derecha chilena solicitaron remover a la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, a raíz de unos textos escolares preparados por la entidad, en los que se alude a las detenciones en las marchas como un elemento de represión utilizado por Carabineros para evitar la libre reunión de quienes luchan por sus derechos. Los legisladores dicen que la directora menoscaba la imagen de Carabineros, predisponiendo negativamente a niños y adolescentes en su contra. La solicitud acaba de ser rechazada en Diputados, luego de dos meses de acusaciones que no fueron inocuos.

Aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, pasó desapercibido un embate similar en el Consejo de la Magistratura porteño contra el juez de la Cámara Penal, Sergio Delgado, impulsado por el consejero Ricardo Baldomar, operador del presidente boquense Daniel Angellici, que viajó a Chile para intentar el reclutamiento al PRO-Boca de jugadores argentinos. Delgado es un hombre comprometido con el Estado de Derecho y la vigencia de los DD HH, dato que quizás tuvieron en cuenta quienes promovieron el jury en su contra para hacerse de una banca y designar a algún funcionario permeable al macrismo. La acusación la promovió el mismo Baldomar, que pronunció un alegato un tanto farragoso y desquiciado. Comenzó argumentando a favor de la destitución del magistrado y terminó desistiendo del intento. En uno de los casos por los que se lo acusaba, Delgado, junto a otra jueza, declaró la nulidad de una requisa y ordenó la inmediata libertad de un imputado. La acusación entendió que se había excedido en lo pedido por la parte, cuando, ante una violación que afecta derechos esenciales, la nulidad puede ser declarada por los propios jueces, y agregó, con cierta sorpresa para los presentes, que Delgado había perjudicado al imputado que obtenía su libertad con su decisión. Baldomar finalmente solicitó la absolución de Delgado porque no se podía mantener una acusación de manera terca y política. Dijo algo así como que jurídicamente cambiaba de opinión, aunque políticamente era otra cosa y aclaró que no tenía un interés político en sostenerla. En la confusión enviaba un mensaje. A su turno, el defensor de Delgado alegó que se trataba de un caso de gravedad institucional porque, más allá del resultado, se estaba dando un mensaje a los jueces para que tuviesen cuidado con sus decisiones. El jury, que comenzó como una embestida de los fiscales que responden a los lineamientos del gobierno porteño, concluyó con Delgado en sus funciones, para suerte de la República. El PRO vio naufragar su embestida contra un magistrado que considera opositor, un juez que vela por los DD HH. Pero el daño está hecho.