Hay que impedir esa votación, hay que impedirla”, aseguró ayer la diputada Elisa Carrió en referencia a los proyectos para democratizar la justicia que se debaten en el Congreso de la Nación. La frase de la dirigente coadyuva a generar un clima político similar al que se vivió en el país durante la votación de la Resolución 125, ya que se sumó a una serie de aseveraciones de legisladores opositores que convocaron a una nueva marcha hacia el Parlamento el 24 de abril, día en que se votarían en el recinto tres iniciativas que envió el Poder Ejecutivo.
“Ese día tiene que haber mucha gente acompañando, hay que impedir esa votación”, dijo Carrió –sin especificar las formas– tras contextualizar su convocatoria en el resultado de la marcha opositora del 18A, que consideró como el “nacimiento de la República”.
Ese desafío generó una fuerte reacción del oficialismo. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, acusó a la ex líder de la Coalición Cívica de “fascista” y “antidemocrática”: “Es de golpistas tratar de impedir que el Congreso sesione”, dijo. “¿Qué propone hacer Carrió para que el Congreso no funcione? ¿Agredir a los diputados? ¿Impedir que ingresen a la Cámara? ¿Secuestrarlos?”, se preguntó.
Las preguntas retóricas del diputado kirchnerista no son azarosas. Temen que los disturbios que se generaron en el Congreso durante la última movilización, cuando decenas de manifestantes saltaron las vallas que protegen el edificio y llegaron hasta la explanada, donde rompieron vidrios e insultaron a algunos legisladores, sea un antecedente.
