El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, manifestó hoy su preocupación por la suspensión de la causa que investiga la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
“La causa fue derivando por distintos andariveles y desde febrero nunca hubo un juez que se abocara al fondo de la cuestión, a investigar las denuncias de la causa. Hace dos años que se hicieron las denuncias. Estos son delitos de lesa humanidad y deben tener resolución”, sostuvo Fresneda a CN23.
Con respecto a los tiempos dilatorios, explicó: “hay razones procesales que pueden ser atendibles, pero también en esta causa están implicados grupos monopólicos que hacen presión. Clarín y La Nación no quieren cumplir con una ley que fue votado por el pueblo. Las chicanas de la defensa llevaron la causa a donde está. Yo no quiero pensar que la justicia está siendo funcional a la impuniedad”.
“No sólo una ley de medios van a ayudar a la pluralidad de voces, también causas como estas que tienen que ver con la historia de desarrollo de algunos medios de comunicación. Ningún medio va a quedar empobrecido porque se quiera distribuir la palabra. Los intereses privados no pueden ir por encima de los intereses soberanos de una democracia”, concluyó.
Se presentó “un pronto despacho a fin de que los jueces de la Sala III respondan con celeridad y resuelvan los planteos formulados por la defensa y la Secretaria como querellante de la causa”.
Precisó que “hace más de dos meses la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió que dicha Sala, presidida por Eduardo Riggi y Liliana Catucci, sea la que instruya el esclarecimiento de esta causa vinculada a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.
“La Sala III no puede volverse un cuello de botella como fue la Cámara de Casación en la época de Alfredo Bisordi. Esperamos que razones extrañas a la función de los jueces no estén motivando dicha demora”, agregó el secretario.
Fresneda destacó que esta causa “es fundamental para determinar la responsabilidad de grupos civiles que han sido cómplices de delitos de extorsión, tortura, privación ilegitima de la libertad y asociación ilícita hacia los integrantes del Grupo Graiver”.
“Esta dilación no tiene asidero en un país en el que la política de derechos humanos es política de Estado”, finalizó.
La investigación, iniciada el 30 de marzo del 2010, se encuentra enmarcada dentro de los procesos penales que se están desarrollando en Argentina por delitos de lesa humanidad y, debido a las presentaciones de los representantes de los empresarios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón, que “han generado la dilación injustificada en la tramitación del proceso”.
“Se espera que a la brevedad se resuelva la competencia del Juzgado Federal Nº10 y que de forma inmediata se proceda a indagar a los sindicados como responsables de los hechos”, concluyó el comunicado.
