No había necesidad. A pesar de que fue autorizada a declarar por escrito, en la causa que investiga el asesinato del empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa, Elisa “Lilita” Carrió optó por hacer los 1.300 kilómetros en auto y declarar como testigo “in situ”. Al fin y al cabo, era la primera vez que tenía la oportunidad de cumplir con ese trámite y, para mejor, le venía de perlas para volver a pegar al kirchnerismo con alguna acción ilícita. Claro, Carrió no contaba –o quizá lo negaba– con que su relato se desmoronaría como un castillo de naipes al día siguiente, cuando dos testigos admitieron presiones y cambiaron su declaración. Dejaron a la líder de la Coalición Cívica sin el sustento para practicar lo que más le gusta: acusar al Gobierno de todos los males de la Nación. Valga decir, en defensa de la candidata a presidenta opositora, que los hechos acaecidos y los personajes involucrados ameritan, al menos, sospechar de todo lo que acontece en la causa.
Lo que intenta dilucidar el juicio oral que se desarrolla en Puerto Madryn es quién asesinó, a las 21.45 del 30 de enero del 2003, al empresario Raúl Espinosa, dueño de la pesquera San Isidro. Ese día, el empresario llegaba a su casa con su mujer, Lorena Garrabús, cuando alguien lo llamó por su apodo: “Che, Cacho”; al darse vuelta, sólo pudo ver el fogonazo que le segó la vida en pocos segundos, o “larguísimos minutos”, como consta en el informe del forense. La bala le atravesó el corazón y al caer de rodillas en la vereda “ya no tenia presión arterial”, según el médico.
En el juicio oral, la esposa de la víctima identificó como autor del disparo a Domingo Segundo, el “Bizco”, pero las responsabilidades no terminan allí: Benjamín Bustos está acusado de haber provisto el arma homicida; Ademar Araujo es sindicado como participe necesario y Remigio Guevara, participe secundario. Antes de ser acusado, Guevara trabajó como custodio de Fernando Álvarez Castellano, presidente de Conarpesa, una de las empresas pesqueras adversarias de San Isidro, la firma propiedad de Espinosa. Con esa coincidencia, entre otras, Carrió construyó su propia hipótesis sobre el crimen.
Desde que ocurrió el hecho y a partir de que Lilita tuvo contacto con la víctima poco antes de que fuera asesinada (cuando le habría adelantado que le entregaría valiosa documentación que desnudaría el accionar viscoso de varias firmas pesqueras), es que la líder opositora se involucró judicial y políticamente en el hecho. En ese marco es que no paró en todos estos años de vincular al Gobierno y al fallecido ex presidente Néstor Kirchner con Conarpesa y con otras pesqueras que, al decir de la dirigente política, financiaron la campaña electoral y el acceso a la presidencia del ex gobernador de Santa Cruz: “Espinosa me contó sobre las coimas que se pagaban por los permisos de pesca y que Conarpesa se quería quedar con esos permisos de pesca, de que eran unos corruptos y de que Kirchner había elegido el apoyo de Conarpesa a pesar de que él (Cacho Espinosa) le había contado quiénes eran, y que las dos empresas habían aportado para la campaña de Néstor Kirchner”, declaró en el juicio. Respecto de más pruebas que vinculen al Gobierno con Conarpesa y otras pesqueras poco se sabe: es decir, lo que aporta Carrió es lo que supuestamente le dijo el fallecido Espinosa.
Pero lo que trastornó el desarrollo del juicio fue, sin dudas, el cambio de declaración de dos testigos. La acusación sobre los actuales imputados estaba basada en declaraciones de testigos de identidad reservada que ahora admiten haber mentido porque fueron presionados para ello. Claudio Corbelli desató una crisis política en Chubut al afirmar que el actual titular de la policía, Guillermo Castaño, lo indujo a denunciar a Segundo, sindicado como autor de los disparos. Corbelli confesó que “todo lo que declaré en ese momento no lo vi, lo dije porque me sentí amenazado, intimidado. Me dieron plata para que dijera lo que dije y ahora estoy arrepentido”. Y especificó: “La plata me la daban el comisario Castaño y un policía llamado Hugo Zajur”. Por estos dichos es que ahora la Justicia investiga al jefe policial de la provincia que gobierna el peronista opositor y candidato a vicepresidente Mario Das Neves.
Otro testigo, Juan Carlos Galarza, comisario retirado de la Policía Bonaerense, declaró que uno de los cuatro sospechosos, Araujo, había sido su informante (lo que en la jerga policial se conoce como “buche”) durante la investigación, en 2003, del secuestro del joven Pablo Belluscio. Según Galarza, Araujo le había reconocido en una charla en una estación de servicio que había “zafado de caer preso en Madryn”, por haber estado junto a quien le disparó a Espinosa. El ex policía recordó que su informante le dijo que “una persona del Gran Buenos Aires a la que Espinosa había estafado en 10 o 14 millones de pesos” fue quien encargó el asesinato, lo que abona la teoría de un ajuste de cuentas entre empresarios más que la tesis del móvil político que esgrime Carrió.
Más allá de los hechos, también está la lectura mediática del proceso. Baste ver el título del diario La Nación del 8 de julio: “Carrió volvió a ligar la muerte de Espinosa con el kirchnerismo”, para darse cuenta de que los 1.300 kilómetros de Lilita en auto no fueron en vano. Lo que intentan La Nación y Carrió es vincular al oficialismo con el crimen cuando, de ser cierta la teoría de la dirigente opositora, apenas el kirchnerismo podría haberse beneficiado con una contribución económica de campaña, cosa que tampoco está probada por la Justicia ni por la diputada nacional de la CC.
El sitio de Internet Rawsononline, de Chubut, analiza claramente: “Más allá de su afán evidentísimo por colocar a Néstor Kirchner y al kirchnerismo en el marco de la investigación, para los abogados querellantes el testimonio de la candidata a presidente de la Coalición Cívica refuerza ‘indicios y probabilidades’ que ameritan la convocatoria de los empresarios Héctor Antonio, Juan Álvarez Cornejo y Fernando Álvarez Castellano. ‘Por lo menos, que vengan a juicio y digan que no lo hicieron’, precisó uno de los letrados”.
Los antecedentes poco claros y el accionar de algunas compañías pesqueras inducen a sospechar de todo. La misma Carrió referencia que “Espinosa me contó sobre las coimas que se pagaban por los permisos de pesca y que Conarpesa se quería quedar con esos permisos de pesca, de que eran unos corruptos”. Luego agregó, por supuesto, la ya citada acusación a Néstor Kirchner.
Inmediatamente “le pregunté por el tema de la droga –añadió Lilita–, porque yo había investigado la disolución de la empresa Estrella de Mar, empresa de Antonio, y Espinosa indicó entre otras cuestiones que me iba a entregar pruebas. Cuando yo salí de esa reunión, dije ante los periodistas que me iba a ocupar de la mafia en la pesca, pero diez días después apareció en la tapa del diario Clarín una fotografía mía al lado de un hombre que habían asesinado; era Raúl Espinosa”.
Lilita y el empresario se conocieron durante los primeros días de 2003. Espinosa le contó a la legisladora sobre las presiones que recibía para ceder sus permisos de pesca. Las empresas tenían nombre: Conarpesa y Pescafina.
A pedido de Elisa Carrió, Raúl “Cacho” Espinosa debía juntar pruebas a fin de iniciar una investigación. Pero el encuentro jamás se concretó porque Espinosa fue asesinado.
El conflicto en el seno de Conarpesa había comenzado ocho años antes, cuando Espinosa –ex marinero de la pesquera– ostentaba el cargo de vicepresidente. Según Luis Novoa, abogado de la empresa, la desvinculación y posterior independencia del empresario muerto ocurrió en un momento crítico.
En 1993, una empresa de origen uruguayo denominada Amerimar S.A. había vendido a Conarpesa tres buques y alquilado otros tres. La operación a crédito totalizaba unos 2,5 millones de dólares con una cláusula de cesión del 15 por ciento de la producción a favor del acreedor. En el momento del contrato estaban presentes el fundador de Conarpesa, Juan Álvarez Cornejo, y también Espinosa y Guillermo Schmidt, estos dos últimos futuros socios.
Las cosas comenzaron a ponerse difíciles en 1995, cuando la pesquera juzgó desventajoso el acuerdo firmado y comenzó a pensar en un concurso de acreedores. Al tiempo en que Amerimar dejaba sin efecto el contrato al ser embargada una nave, Espinosa, Schmidt y Carlos Rocca fundaban la pesquera San Isidro. Así, la uruguaya se quedó con los buques y con toda la producción a bordo, versión que fue confirmada a esta revista por fuentes allegadas a la industria.
Alicia Martínez, ex esposa de Espinosa, presentó un documento en el que vinculaba a Amerimar S.A. con Schmidt, Rocca y el padre de sus hijos. En 2001, cada uno de los ellos poseía el 25 por ciento del paquete accionario. Conarpesa le inició juicio a la empresa uruguaya en 2003, el mismo año en que asesinaron a “Cacho”.
Con un puñado de indicios Carrió armó revuelo, pero una vez más resultó desmentida por los hechos, las realidades que construye se desmoronan pero el daño causado persiste. Tal vez no se da cuenta de que ella misma es una de las perjudicadas, como lo demuestran las encuestas y el resultado de la última elección en la ciudad de Buenos Aires.
