Los judiciales del Sitraju y la Fesitraju condenaron el «decretazo» con el que Javier Milei designó dos miembros de lo que catalogaron como «la Corte de la Vergüenza». Además señalaron que la maniobra implica «el copamiento del Poder Judicial en manos del Ejecutivo».
Los judiciales nucleados en el Sitraju y la Fesitraju, gremios que se referencian en la también diputada nacional Vanesa Siley, salieron a cuestionar el «decretazo» con el que el Gobierno de Javier Milei nombró a de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en lo que denominaron como «la Corte de la Vergüenza».
«El presidente Milei designó por decreto a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salteando el mecanismo constitucional y legal del acuerdo de los dos tercios del Senado», planteraon.
Y recordaron que esa determinación llegó «en medio del escándalo internacional por la criptoestafa de $LIBRA que está siendo investigada por la justicia de nuestro país y por instituciones de otros países dada la magnitud de la maniobra».
«Es la Cámara alta la que debe prestar el acuerdo y es en su seno donde se gesta el acuerdo político para los cargos de esta relevancia institucional. Sin el Senado y por decreto, no hay consenso», añadieron.
Y señalaron: «Expresamos nuestra preocupación por el copamiento del Poder Judicial en manos del Ejecutivo. Está claro que la Corte de tres miembros -de los cuales dos habían aceptado su designación por decreto de Macri- es insostenible y es menester el debate para la conformación del máximo tribunal del país, pero no podemos convalidar el avance sin consenso a puro decreto. Tal es la vergüenza que García Mansilla, aquel que expresó en el procedimiento ante el Senado que nunca juraría en comisión, presta su juramento a escondidas y a puerta cerrada, sin publicidad de un acto tan elemental para nuestras instituciones».
«El Poder Judicial de la Nación está en crisis: la sociedad no ve satisfecha la necesidad de justicia en los tribunales y mantiene una altísima desconfianza, se acumulan las vacantes de magistrados/as y las condiciones de trabajo empeoran tanto en cuanto al ajuste brutal de los salarios que hemos sufrido como a las condiciones edilicias deplorables y la organización interna de las dependencias donde abunda la arbitrariedad», sostuvieron desde el espacio judicial que se nuclea en la CGT.
Y concluyeron: «Necesitamos una Corte Suprema que trabaje en la legitimidad del Poder Judicial día a día y el inicio de una conformación por esta vía es una pésima señal. El riesgo es muy grande: una Corte para el poder de turno y una institucionalidad frágil en momentos en que el pueblo en su conjunto sufrimos las políticas de la crueldad y los/as trabajadores/as judiciales/as padecemos el desgobierno de los actuales miembros y la restricción presupuestaria del gobierno nacional».
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