El secretario general de ATE Mendoza y otros 10 afiliados al gremio de estatales atraviesan un juicio que amenaza con meterlos a una prisión por cortar una calle en el marco de un conflicto laboral. La última novedad es que el juez les otorgó la «suspensión de juicio a prueba» pero estarán en la mira durante los próximos tres años. Si llegaran a acusarlos de cualquier delito, irían presos. La medida sienta un peligroso precedente de criminalización de las protestas ciudadanas y de limitación de las libertades sindicales.
A Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, le suspendieron el juicio por los cargos de cortes de calles y entorpecimiento de la vía pública. El juez Juan Manuel Pina González le otorgó la «suspensión de juicio a prueba» por cuatro de los cinco incidentes en los que estaba implicado. Esto significa que Macho no podrá cometer nuevos delitos durante tres años; de lo contrario, cumplirá el tiempo en prisión.
La quinta causa que enfrentaba Macho fue sobreseída debido a la falta de pruebas concluyentes, un planteo aceptado por la Fiscalía. La decisión judicial se dio en una audiencia celebrada este martes en el Polo Judicial, donde el fiscal Darío Tagua y el investigador Fernando Giunta analizaron los hechos que datan de 2022, cuando las protestas sindicales de ATE generaron cortes de tránsito en reclamo de mejoras laborales.
Adriana Iranzo, esposa de Roberto Macho y también dirigente de ATE, recibió el mismo beneficio judicial, aunque por un plazo de dos años debido a su implicación en dos episodios de cortes de calles. Por su parte, la situación de Raquel Blas, otra destacada dirigente de ATE en proceso por un corte de calle durante una protesta, será evaluada en Casación tras el rechazo de nulidades presentadas por su defensa.
Además, otros nueve afiliados de ATE fueron beneficiados con una suspensión de juicio a prueba por un año debido a su participación en las protestas. Se trata de Roberto Podio, Tomás Sánchez , Patricia Irrutia, Carlos Quinteros, José Bittar, Manuel Orellana, Silvia Castro, Mario Alcanis y Juan Manuel San Martín.
La decisión judicial marca un precedente en la respuesta legal frente a los métodos de protesta sindical que incluyen cortes de calle, manteniendo a los dirigentes en libertad pero bajo estricta vigilancia judicial.
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