El Procuración General peritará documentación contable en la causa que investiga la presunta participación del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
La directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec), Judith König, anunció que viajará a Bahía Blanca, sede del diario investigado, para examinar la documentación que fue secuestrada durante el allanamiento realizado a La Nueva Provincia la semana pasada.
La Ofinec fue creada mediante resolución de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en marzo pasado, y desde entonces colaboró con las procuradurías y fiscales que lo solicitaron, informó un comunicado del organismo.
En el caso de La Nueva Provincia, la actuación de la Ofinec se enmarca en un trabajo coordinado con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el impacto económico producido por la dictadura. En concreto, se investiga la responsabilidad de Massot en los asesinatos de los obreros gráficos de su diario Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, cometidos en 1976.
El martes pasado fueron allanadas las oficinas comerciales y el archivo del diario, por orden del juez subrogante Alvaro Coleffi, procedimiento en el que intervinieron los fiscales del caso, José Nebbia y Miguel Angel Palazzini.
El operativo duró más de 11 horas y se secuestraron biblioratos, libros de actas societarias, registros de pago a empleados, cuadernos, fotos y los 119 tomos de la colección del diario entre 1974 y 1983.
El magistrado ordenó además que Massot deberá prestar declaración indagatoria el 24 de abril y que debido a la causa no pueda salir del país. Ocurre que el empresario periodístico está acusado de integrar “junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, para lo cual habría contribuido desde el multimedios actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales”, según los fiscales actuantes.
Además del homicidio de Heinrich y Loyola, Massot está imputado de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
La actuación de la justicia mereció, tres días después, un duro repudio de Adepa, cámara que reune a los empresarios periodísticos, que expresó su “preocupación”, sin pronunciarse sobre de los medios en plena dictadura. «
Represor velve a cárcel común
Roberto Fiorucci, un represor condenado a 20 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidos en La Pampa durante la última dictadura militar, volvió a la cárcel común luego de que la Corte Suprema le quitara el arresto domiciliario, ratificando lo dicho por la Casación Penal.
El ex comisario Fiorucci, a quien el Tribunal Oral Federal lo condenó por delitos perpetrados en la jurisdicción de la Subzona 14 con asiento en La Pampa, tuvo que regresar a la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, dejando el arresto domiciliario, del que gozaba por tener más de 70. La Corte Suprema le quitó ese beneficio y resolvió que el represor cumpliera su condena en cárcel común.
Comienza juicio oral en Tucumán
Con la lectura de las imputaciones comenzará hoy el octavo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar en Tucumán. En este proceso oral se juzgarán las responsabilidades de seis sospechosos en el secuestro y homicidio del militante cordobés Osvaldo Sigfrido De Benedetti (foto), ocurrido en 1978.
Además de la lectura de imputaciones, los acusados podrán hacer uso de la palabra. La audiencia continuará el 24 de abril, con la producción de la prueba testimonial. Los represores a juzgar son Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro, Alberto Carlos Lucena, Ariel Rolando Valdiviezo y Camilo Ángel Colotti.
TIEMPO ARGENTINO
