En diálogo con Infobae, el especialista César Lerena señaló que en los últimos 50 años esta actividad se llevó
152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva de Argentina
Por Fabio Ferrer
Infobae 17 Nov, 2024 01:15 a.m. AR
El gobierno de la provincia de Santa Cruz firmó una Carta de Intención, durante
una gira por China del gobernador Claudio Vidal, para darle asistencia desde los
puertos provinciales a cientos de buques chinos que pescan en la milla 201, al
borde la Zona Económica Exclusiva de la Argentina. Esto generó el rechazo
del sector pesquero argentino.
Para conocer más sobre el impacto que podría tener esta medida, Infobae dialogó
con César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca; Ex Secretario de
Estado y Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.
– Dr. Lerena, el gobierno de Santa Cruz quiere colaborar con los buques chinos que operan en la milla 201
y firmó una carta de intención con una pesquera china, ¿qué se conoce de esta empresa?
El gobernador de esa provincia, Claudio Vidal, dijo que cree que es momento de negociar con los buques chinos
y lo habría hecho el pasado 18 de octubre, con una de las empresas más importantes del Estado chino, la Hong
Dong Fisheries Co. -reveló Informe Marítimo- que contaría con casi 200 buques y, según el informe
del Círculo de Políticas Ambientales, tendría “frondosos antecedentes de pesca ilegal; además, que se
trataría de una subsidiaria de la fábrica de armas del Ejército Chino Poly Group Corp”. Cuestión, que no
asombra, porque gran parte de la flota que pesca a distancia cumple estos objetivos más allá de la pesca.
Esta declaración motivó el unánime rechazo del ambiente pesquero y por parte de expertos que venimos
siguiendo el comportamiento de la flota china.
– ¿Este tipo de colaboración ya se viene haciendo como dice el gobernador?
Vidal afirmó que esto ya viene sucediendo, pero nadie lo sincera. “Si estos buques están allá, haciendo uso de
nuestros recursos, ¿por qué no regulamos y negociamos con ellos y generamos fuentes de trabajo para los
argentinos? Malvinas y Montevideo lo hacen, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros?”, planteó.
Es necesario -dijo- “llevar adelante una amplia gama de servicios logísticos, mejorar los cinco puertos y el
abastecimiento en tierra y alta mar y, agregar valor en plantas en tierra”. Y la Coordinadora Portuaria de Santa
Cruz, Selsa Hernández completó: “Que vengan los barcos que operan sobre la milla 201 significará trabajo y
reactivación de la economía. Queremos que nuestros puertos trabajen respetando las leyes argentinas”.
Ambas declaraciones son poco congruentes. ¿Hablan de apropiación china de nuestros recursos, lo vinculan a la
pesca ilegal no deseada en Montevideo y Malvinas y refieren a respetar la Ley argentina que los buques violan?
Por cierto, con esta apertura, le será improbable a Hernández certificar y dar seguridad a los puertos.
– ¿Qué dimensión tiene el beneficio económico que pueden recibir las provincias en comparación con el
perjuicio de la pesca ilegal china?
Solo un análisis del número de buques da cuenta de la insensatez e improvisación de llevar adelante una
iniciativa semejante: China tiene operando en el mar unos 2.500 buques pesqueros; sólo en el Atlántico
Suroccidental pescan sin control unos 300 (270 poteros y 30 arrastreros), mientras que el total de la flota
nacional alcanza a las 520 embarcaciones que son relativamente controladas.
El descontrol será total y, claro está, la Nación y mucho menos la Provincia de Santa Cruz tiene capacidad
política, económica, técnica y de seguridad para llevar adelante una operatoria de semejante naturaleza.
La intención de favorecer las operaciones de estos buques que depredan los recursos pesqueros de Argentina no
es nueva; ya fue promovida fallidamente durante los años 2021 a 2023 por las provincias de Chubut y
Tierra del Fuego, como oportunamente denunciamos y, frente a ello, la moneda de cambio que se anuncia en
todos los casos, es económicamente insignificante, ya que la pesca ilegal china, taiwanesa, coreana y española se
ha llevado en los últimos 50 años la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios
originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, con los que se podrían haber ampliado, renovado
y modernizado todos los puertos del país y producido un fenomenal desarrollo poblacional y generación
industrial y laboral en la Patagonia sin precedentes.
Pero más grave aún -si se pudiese ponderar- sería el atractivo que esta medida provocaría para miles de buques,
al apoyar la Argentina la captura ilegal en la región, con buques depredadores, subsidiados, con regímenes de
trabajo esclavo; con el consecuente agotamiento de los recursos, no solo de alta mar sino de la ZEE Argentina; el
descrédito internacional y la pérdida irreversible de la administración del Atlántico Suroccidental y la
consecuente declinación de la soberanía nacional en su territorio marítimo, antártico y bioceánico.
– ¿Qué alcances tiene la pesca ilegal china?
Para que podamos entender qué alcance tiene la pesca Ilegal: decimos, que es aquella donde se capturan
especies, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional o nacional de origen y/o si se captura
en alta mar sin control del Estado de pabellón y sin acuerdo previo entre éste y los Estados ribereños en aquellas
especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o migran desde alta mar a
la ZEE y, donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies
pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y económica, beneficiando
al crimen organizado transnacional y/o la evasión fiscal.
Es aquella, además, que atenta contra la sustentabilidad empresaria; las fuentes de trabajo o el desarrollo de las
regiones del litoral marítimo. Una definición que encaja perfectamente con las prácticas de pesca que en el
Atlántico Suroccidental realiza China (y otros países) sobre las especies migratorias de la ZEE Argentina en alta
mar.
– ¿Qué debería hacer la Argentina frente a esta actividad ilegal?
La Argentina debe considerar ilegal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar
territorial y la ZEE, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque de otra manera
sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: la ley de espacios
marítimos, la ley de ratificación de la Convención del Mar y, la de Pesca.
Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Ilegal”; tres
hechos son suficientes para tipificarla ilegal: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de
pabellón o los países de origen (art. 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR); segundo, cuando no se realizan estudios
de investigación determinando la “Captura Máxima Sostenible” (art. 119º de la CONVEMAR) y, tercero, si se
capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño por afectar
sus intereses (art. 27º; 63º, 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR).
Por supuesto, a esto se agrega la pesca subsidiada y aquella con redes de arrastre de fondo cuando se pesca en la
plataforma continental extendida más allá de las 200 millas sin habilitación nacional.
Amén de ello, las embarcaciones chinas que se hacen de los recursos pesqueros nacionales compiten en el
mercado internacional con los productos de las empresas radicadas en Argentina, en forma desleal, no solo
porque lo hacen con nuestros recursos, sino porque operan subsidiados (construcción de buques, gasoil, ausencia
de derechos y aranceles, bajos salarios, etc.); desactivando los sistemas satelitales de control, depredando las
especies y, contaminando el medio marino.
– ¿Qué implica ceder los puertos a la flota china? ¿qué impacto puede tener en las empresas pesqueras
locales?
Cederle los puertos a China agrega un evidente desconocimiento de la operatividad a distancia que realiza esta
flota. Ya nos referimos en un anterior artículo de que a los chinos solo les interesa facilitar los transbordos y la
reparación de sus buques y no agregarán ningún costo en Argentina (¿cómo se consideraría el origen de las
capturas?). En los hechos, la administración de los puertos quedará en manos del Estado chino y, en este sentido
el especialista Milko Schartzman afirmó: «No existen ejemplos de países en donde se haya instalado la industria
pesquera china o donde se les haya brindado apoyo portuario, en los que la industria pesquera local prospere. En
la última década, Uruguay perdió la mitad de su industria pesquera, mientras Montevideo brinda apoyo logístico
a las flotas de pesca ilegal mayormente chinas…»
China ha dicho (2022) que estabilizará «la producción de calamares y túnidos en 2,25 millones de toneladas (un
281% más de desembarque total argentino) demostrando su magnitud y la intención hegemónica de «participar
profundamente en la gobernanza mundial de los océanos…construir bases de pesca en aguas distantes…el
comercio de calamar oceánico sea más grande y más fuerte» (Li Dong, 14/2/2022; Inf. del Ministerio de
Agricultura, SeafoodMedia Group 20/2/23). En este escenario, nadie, en su sano juicio, podría facilitar las
operaciones chinas en el Atlántico Sur, sin resolver previamente la administración en alta mar.
– ¿La provincia de Santa Cruz está facultada para hacer este tipo de concesiones?
El gobierno de Santa Cruz no tiene facultades para llevar adelante esta iniciativa de abrir los puertos a los buques
chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar. Esta decisión -a nuestro juicioatenta contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria, social y la seguridad y defensa
nacional, siendo inconstitucional porque requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación
por imperio de la ley de Pesca, de la ley de actividades portuarias y su aplicación dañaría el medio ambiente
violando la Ley General del Ambiente al promover facilidades a quienes pescan ilegalmente afectando el
ecosistema.
Por otra parte, este tema, debiera provocar una revisión de las cuotas y autorizaciones que el Consejo Federal
Pesquero otorga a buques de Empresas del Estado Chino en Argentina; por cuanto resulta un absurdo que
mientras se les otorga habilitaciones, hay otros buques de ese mismo Estado pescando ilegalmente los recursos
migratorios en alta mar. Por ejemplo, analizar que el 68% de los buques que integran la Cámara de Armadores
Poteros Argentinos (CAPA) cuyos buques capturaron más del 90% del total argentino (en 2022) son
embarcaciones de empresas asiáticas, mayoritariamente chinas.
Si prosperase la iniciativa de Santa Cruz, se cerrarán definitivamente todas las puertas de futuros
acuerdos en alta mar y, se profundizará el camino de agotamiento del recurso y declinación de la
soberanía nacional
