Una querella judicial, promovida por los familiares de las víctimas de la dictadura cívico militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
pedirá que se abra una línea de investigación específica sobre ese organismo, que tiene diez científicos asesinados, otros diez desaparecidos, y 800 trabajadores cesanteados.
“Nuestra intención es armar una megacausa INTA, donde el hilo conductor sea la relación de los detenidos, asesinados y desaparecidos con el organismo”, explicó Guido Prividera, uno de los querellantes que ahora espera la resolución del juez federal Daniel Rafecas. Prividera es hijo de Marta Sierra, una de las científicas más importantes del INTA Castelar y desaparecida desde el 30 de marzo de 1976, un día después de la intervención del organismo.
