De acuerdo con la denuncia de la diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, el funcionario habría formado parte de una operación para lograr la renuncia de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La Comisión Bicameral de Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación requirió que el Procurador interino, Eduardo Casal, responda si inició una investigación interna para determinar si el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, se habría reunido con el expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.
De acuerdo con la denuncia, elevada ante la Comisión Bicameral por la diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, el funcionario habría formado parte de una operación para lograr la renuncia de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.”Sería interesante saber si el procurador, de oficio, inició algún expediente o un proceso de investigación sobre esta grave situación”, mencionó Siley.La denuncia de la diputada oficialista surge a partir de investigaciones periodísticas publicadas en el El Cohete a la Luna y El Destape, pero que ahora ya se constituyen como material probatorio, ya que, a través de un pedido de acceso a la información, esos medios tuvieron acceso a los registros oficiales de Casa Militar de ingreso a la residencia de Olivos en tiempos de Cambiemos.
En 2018, por pedido de Poder Ciudadano, se entregó un listado de visitas a Macri, pero se habían eliminado todos los nombres de jueces y fiscales de los registros de ingreso a la Quinta de Olivos, en un intento por ocultar esas visitas.
Días atrás, el propio presidente Alberto Fernández, en declaraciones a radio El Destape, dijo que la eliminación de nombres en ese registro constituye un delito de “falsedad ideológica”, por alterar un documento público
“Es muy grave que hayan ocultado nombres porque si lo hicieron sabían que estaba mal. Es un delito de falsedad ideológica”, sostuvo el mandatario sobre esos encuentros que incluyen a los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Y consideró que “las visitas de los jueces a Olivos me parecen de una gravedad inusual”.
La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, salió al cruce de Siley y también sumó un pedido para saber si, en 2007, el entonces procurador Esteban Righi, inició una investigación para desentrañar si existió una reunión, similar a la denunciada por los medios El Cohete a la Luna y El Destape, con dos funcionarios judiciales en la Quinta de Olivos a raíz de la investigación de la llamada Causa Skanska.
“Recuerdo esa denuncia en la que un fiscal le había avisado a dos funcionarios de ese gobierno que iban a ser indagados por la justicia”, mencionó Ocaña.
En ese sentido, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez cuestionó al oficialismo porque “se la pasan denostando las denuncias de corrupción que hace la prensa, pero si son medios afines, entonces las mandan a investigar”, sin tomar en consideración el material probatorio.
“Es una obligación seguir de cerca estos temas y denunciarlos si es grave la situación que se plantea”, explicó el presidente de la Bicameral, el senador oficialista Martín Doñate.
A su turno, la diputada del Frente de Todos, Mara Brawer, destacó que “en la nota periodística se plantean hechos documentados”.
“No podemos trabajar sobre informes de investigación que se hacen en el marco del periodismo de investigación. Pero sí debemos solicitar que se lleve adelante pedidos de informes”, destacó la senadora santafecina María de los Ángeles Sacnun.
Antes del pedido de informes, participó de la reunión de la Bicameral la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien detalló el pedido de remoción hecha por la Defensoría sobre los jueces de Cámara Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por “incurrir en prácticas revictimizantes, constitutivas de un trato cruel, inhumano y degradante, además de discriminatorio”.
Los magistrados resolvieron, en septiembre del año pasado, condenar a 35 años de prisión a un sujeto imputado por la violación de su hermana menor de edad a la que dejó embarazada y luego debió practicarse un aborto.
En su fallo, además de fijar la pena, consideraron que la interrupción del embarazo era un hecho de similar gravedad que los crímenes cometidos por el imputado.
“La sentencia tiene gravísimos errores. Hay un abuso de poder de parte de los jueces porque se expiden sobre un tema que no estaba sometido a su jurisdicción”, remarcó Martínez.
La defensora, además, calificó la actitud de los jueces como “una falta de respeto a la víctima” y sentenció: “esto no puede dejarse pasar”.
TELAM
