MARTES 22 DE ABRIL-
Las denuncias fueron presentadas entre el 11 y el 15 de abril por Fernando Soto, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las 6 denuncias penales llegaron a Comodoro Py por «atentado», «extorsión» y «coacción». La UOM, SMATA, UOCRA, la Unión Ferroviaria y Obras Sanitarias fueron los apuntados.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó una avanzada judicial contra diversos sindicatos luego del último paro nacional. Lo hizo inmediatamente después de la medida de fuerza, es decir, entre el 11 y el 15 de abril. Las denuncias penales llegaron a Comodoro Py catalogadas de “atentado”, “extorsión” y “coacción” contra distintos gremios.
Según indicaron fuentes judiciales a El Destape, habría más presentaciones en distintas partes del país. El objetivo es amedrentar a quienes se manifiestan en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei.
El Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad, Fernando Soto, fue el encargado de realizar todas las presentaciones contra los sindicatos. El 11 de abril, al día siguiente del paro nacional, Soto –que ejerce de forma privada la defensas de policías y expolicías acusados de gatillo fácil- realizó las primeras dos presentaciones. Una fue por “coacción” y “extorsión” y quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. La segunda denuncia fue contra Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) por “amenazas” y “extorsión” y salió sorteado para tramitarla el juzgado federal Nº 12 que subroga el juez Ariel Lijo, el candidato fallido del gobierno para la Corte Suprema.
Cuatro días más tarde, continuó la avanzada del ministerio de Seguridad. Soto volvió a denunciar a sindicatos por “amenazas” y “extorsión”. En esta jornada el ataque fue contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión Ferroviaria. Estos casos quedaron radicados en los juzgados Nº 12 (que subroga Lijo), el Nº 4 (en el que Lijo es el juez titular) y los restantes dos en el Nº 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.
Bullrich había adelantado su estrategia contra los sindicatos el mismo día del paro cuando -en declaraciones a Radio Mitre- afirmó que el ministerio recibió “más de mil llamados” para denunciar a sindicatos por supuestos “aprietes” para parar. “Se saturó, tuvo más de mil llamados, el porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas, así tuvimos un porcentaje grande”, señaló. También dijo que hubo “otro porcentaje grande de gente que llamó sin una denuncia concreta, pero acusando a los gremios de impedir que el país funcione”, sostuvo la ministra.
“Tuvimos más de mil denuncias y le pedimos perdón a la gente que llamó y los tuvimos en espera”, repitió luego de afirmar que “la Argentina es retrógrada en instituciones sindicales que trabajan para ellos y en su propio interés”. El mecanismo de abrir una línea telefónica para recibir denuncias es una estrategia que ya utilizó el gobierno mileísta para avanzar con denuncias contra organizaciones sociales y en otras huelgas.
