Juan Carlos Ortiz tiene 78 años. La semana pasada quedó cercado por un operativo policial en el estacionamiento de un local llamado “El Chileno”, en el departamento de Chimbas, en San Juan.
Por Irina Hauser
Como si fuera un temible asesino le pusieron esposas y se lo llevaron detenido en un patrullero. Había comprado una oferta de pan y fiambre, pero quedó acusado por no pagar una manteca de 200 gramos. En la fiscalía de Flagrancia, como parte del interrogatorio, le preguntaron sobre sus ingresos.
–Soy jubilado– dijo.
Tiene dos hijos y no terminó la secundaría, agregó cuando le pidieron más datos. No es propietario del lugar donde vive. “Desocupado”, agrega la descripción judicial.
No quiso declarar, es su derecho ¿Qué le imputaban? Hurto simple en grado de tentativa. El playero que cuida los autos lo había delatado, porque vio que guardaba en el baúl de su auto el carrito de plástico de la tienda, donde había puesto las cosas. Llamó al dueño del local y éste al 911. Después de la policía llegó el “ayudante fiscal” ¡Encontró las pruebas! Léase el carrito y la manteca derritiéndose al calor de los 42 grados envolvió a los sanjuaninos en los últimos días ¡El supermercado lograba recuperar sus cosas! Aplausos para la policía, el cuidacoches y el ayudante de la fiscalía.
¿Cuánto cuesta una manteca? Puede estar en un rango de 1300 a 3000 pesos. Hay jubilados y jubiladas que hoy tienen que elegir entre comer y pagarse los medicamentos. Sí, porque son la variable de ajuste que más le gusta al gobierno de Javier Milei. La jubilación mínima es de 105.712 mil pesos, más el bono de 55.000. Esto es lo criminal.
Ortiz estuvo detenido dos horas y le devolvieron la libertad. Pero la historia no quedó ahí. La difusión de esta noticia creció mientras las fuerzas federales enviadas por Patricia Bullrich a los alrededores del Congreso empujaban, gaseaban y molían a palos a los jubilados y jubiladas que habían ido a protestar. Los medios, en su mayoría no sanjuaninos, daban la noticia con estupor pero hablaban del “robo” del jubilado, sin cuestionar el concepto. Los viejos y viejas (dicho con obvio cariño) están en peligro. Donde sea. El respeto a sus derechos humanos, sociales, políticos, es nulo. Lo insoportablemente revelador del caso sanjuanino es que ahora parece que hasta el sistema penal se ensaña con ellos. La ola represiva agrega leña al fuego.
Cuando llamé a la fiscalía para tratar de entender cuál podía ser el argumento para dedicar recursos (¡Nuestros!) a un proceso judicial para acusar a un adulto mayor que dice que vive de su jubilación y que se llevó una pequeña manteca, una persona con poder de decisión que trabaja en esa dependencia me gruñó:
–Ya sé que fuimos “trending topic” (hizo un silencio y volvió a arrancar). Pero no es la manteca nada más ¿Me entiende? ¿Usted sabe cuánto cuesta el carrito? Calcule unos 200 mil pesos–
–La verdad es que no sé si cuesta esa cifra el carrito (desde ya que lo dudo), pero no entiendo qué cambia– repliqué.
–Bastante barata la sacó. Se le otorgó el beneficio de la suspensión del proceso a prueba (una probation) para que haga una reparación simbólica– retrucó, con orgullo y goce por la labor cumplida. Agregó, como para justificar la violencia de haberlo esposado, que creían que había intentado fugarse. Empezó a vomitar excusas: “el señor tiene y maneja un auto”; “la defensa no pidió inimputabilidad, estaba en sus cabales”. El hambre no es un factor que entre en el análisis de análisis.
El legajo menciona que la fiscal a cargo es Virginia Branca y su ayudante Oscar Oropel. Detalla la decisión el juez Gerardo Fernández Caussi: “Se resolvió la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Reparación por $8000 a pagar hasta el 5 de marzo a favor de FUNDAME” (una fundación de “ayuda al niño y adolescente con cáncer y hemofilia). Dispuso que Ortiz haga “trabajo no remunerado a definir por la Oficina de Medidas Alternativas por la edad avanzada del imputado”. Así es, a un jubilado le exigen que trabaje para pagar por lo que hizo. Por último, le prohíben entrar al negocio por el año que dura la suspensión del proceso. En ningún momento dice que se quiso fugar, solo que intentó disimular. Ni se menciona el valor del carrito. Para poder acceder a una pena alternativa es requisito no tener antecedentes penales, lo que revela que este hombre no los tenía, pero ahora tendrá. Otro regalito para empeorar la calidad de vida.
Para hacer todo bien rapidito el fuero de Flagrancia tiene sus defensores oficiales. A Ortiz le tocó Lisandro Zapata quien en vez de pedir la absolución acordó los 8000 pesos y el trabajo, además de fijar domicilio, ir a tribunales si lo citan y “abstenerse de usar estupefacientes y bebidas alcohólicas”. Para colaborar con la deshumanización la resolución afirma que el jubilado tiene 21 años y lo trata de “ella”. Les importa nada la persona que tienen delante.
¿Realmente puede decirse que hubo un daño? “Es más costoso el trámite que se generó con la detención y la posterior intervención judicial…”, escribió en la red social “X” el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca Rodrigo Morabito. Sumaba una reflexión aterradora pero real: “El Estado genera pobreza y después pretende solucionar la pobreza con el sistema penal. En definitiva, el Estado no se ocupa de otra manera de las personas que condena a la miseria sino a través del peor poder que administra: el punitivo”.
Hay una corriente del derecho penal que considera que frente a las acciones que podrían ser consideradas reprochables pero no causan ningún daño habría que aplicar el “principio de la insignificancia” en lugar de poner toda la maquinaria judicial a trabajar, a jadear como animales salvajes que esperan ansiosos a su presa. Pero, además, tiene en cuenta el contexto social, el del hecho y la realidad de quien ha quedado implicado/a. No funcionó así para Ortiz.
Dos integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que forman parte de los equipos de monitoreo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pidieron explicaciones en la comisaría y en la Secretaría de Seguridad del gobierno de Marcelo Orrego (Juntos por el Cambio) pero les negaron información. Una de ellas fue al supermercado y una de las cajeras respondió en automático: “pregúntele a la policía”.
La fiscal Branca viene de la política. Fue diputada del partido provincial Cruzada Renovadora, que tuvo como líder al médico Alfredo Avelín Nollens, quien fue gobernador por la Alianza pero lo destituyeron antes de terminar el mandato por no pagar sueldos, ni garantizar salud y educación. Durante la última campaña presidencial, la Cruzada apoyó a Bullrich. Branca fue nombrada fiscal sin experiencia en tribunales en 2017. Fue una de las fundadoras del fuero de Flagrancia, que batió records en pandemia, cuando en San Juan llegó emitir 77 condenas en tres días por violación a la cuarentena. Fuera de esa imputación específica, llegaron a registrarse tres condenas por día, en general por hurtos. El proceso no puede durar más de 72 horas.
La Ley de Flagrancia fue sancionada el 7 de septiembre de 2016, cuando el gobierno macrista quería mostrar que metía mucha gente presa como si eso fuera una respuesta a los problemas de seguridad. En rigor el alma mater de este sistema, que en la Ciudad de Buenos Aires empezó a hacer furor y desbordar cárceles, juzgados y fiscalías en 2018, es la persecución de aquellas personas agarradas in fraganti cuando se llevan de algún comercio bienes esenciales como alimentos, productos de tocador (como champú, jabón, desodorante) y ropa. Desocupados o quienes hacen changas, que no llega a fin de mes, y que roba en situación de desesperación. Es evidente que esto lleva la atención de las investigaciones a cuestiones menores en lugar de orientarlo al crimen organizado. La historia de siempre.
La respuesta punitiva a los problemas sociales por supuesto que no resuelve nada. Degrada, llena los penales, estigmatiza a los pobres, a los vulnerables. Ahora se la agarraron con un jubilado, a tono con la política oficialista que los asfixia.
FUENTE: Página|12
