La oposición en la Cámara de Diputados volvió a la carga con proyectos para garantizar el financiamiento docente universitario. Lo hizo al cumplirse un año de la marcha universitaria que llenó las calles del país tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que preveía los recursos necesarios para el funcionamiento de la casas de estudios y la correspondiente actualización de las partidas.
Por un lado, los diputados nacionales Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), con firmas de todo el espectro de la oposición dialoguista, presentaron un proyecto de ley que busca garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público argentino.
Del mismo modo, el diputado de extracción sindical de Unión por la Patria, Pablo Carro, presentó un proyecto de ley que también apunta a los mismos objetivos, con mecanismos de actualización de las partidas para el funcionamiento y el pago de salarios docentes y no docentes.
La iniciativa de Tavela y Ferraro propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes, al tomar como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. Esta fórmula toma como principal parámetro indexatorio la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establece ajustes trimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
La iniciativa presentada por el kirchnerista Carro está en la misma sintonía, ya que instruye al Poder Ejecutivo nacional a «actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales».

La actualización de la partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento debe realizarse mediante ajustes bimestrales y es retroactiva al 1 de enero del 2025.
En tanto, el Poder Ejecutivo debe recomponer «los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período».
A partir de esa base, con los salarios ya recompuestos, «se negociarán las paritarias a nivel general del sector docente y no docente».
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