El principal asesor de imagen del Mauricio Macri, el sociólogo ecuatoriano Jaime Duran Barba fue procesado por la campaña sucia que se llevó a cabo en las últimas elecciones a jefe de Gobierno contra el candidato de Frente para la Victoria, Daniel Filmus. La decisión fue tomada por la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría.
El publicista está acusado de haber violado el artículo 140 del Código Electoral, que reprime con penas de dos meses a dos años de prisión a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
La conducta que se les imputa a Duran Barba, José Garat y Rodrigo Lugones (socios del publicista) consistió en miles de llamados telefónicos a través de un call center en el que presuntamente intervinieron las empresas Tag Continental, Conectic SRL y NSS, para inducir a los electores porteños a no votar por Filmus.
En el Código Electoral la figura está estipulada en el artículo 140 y prevé hasta dos años de prisión a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
Concretamente, se les reprocha haber urdido una maniobra para difundir la falsa noticia de la vinculación entre Filmus padre y Schoklender, quien por entonces estaba aún en libertad pero envuelto en un escándalo, pues acababa de estallar el caso de las presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través de la Misión Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Aunque en un primer momento el jefe de gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, negó cualquier vinculación con la firma Conectic, instrumentadora de la campaña, una investigación de Tiempo Argentino reveló posteriormente que el propio funcionario la había contratado para prestar servicios de encuestas georeferenciadas para la Ciudad.
Servini de Cubría, jueza federal con competencia electoral en el distrito porteño, ordenó allanar tras la denuncia las empresas Tag Continental, Conectic SRL y NSS, vinculadas a Lugones y Garat, quien son socios de Duran Barba en otras das firmas.
La pericias técnicas sobre una treintena de computadoras secuestradas en esos procedimientos concluyeron que desde ellas se realizaron los llamados a través de servidores ubicados en Estados Unidos.
