La Federación que nuclea a los Profesionales de la Salud de todo el país (Fesprosa) celebró la cautelar que ordenó al Gobierno entregar los medicamentes en 10 días. Llevan más de 2 meses de demora. Además, exigió que adapte, en un plazo de 20 días, todos los trámites.
Este 30 de diciembre, último día hábil judicial del año, el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2 ordenó al Ministerio de Salud que resuelva, en un plazo de 10 días, todos los pedidos de medicamentos que lleven más de dos meses de demora.
La medida, tomada por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, fue una respuesta a la petición en una acción de amparo colectivo impulsada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de los y las personas con enfermedades.
En su resolución, Dos Santos ordenó al Estado nacional, a través del Ministerio de Salud y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que resuelva, en un plazo de 10 días, todos los pedidos de medicamentos que lleven más de 60 días de demora.
Además, exigió que adapte, en un plazo de 20 días, todos los trámites pendientes para que su resolución no exceda los 60 días, conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
En un comunicado conjunto de las organizaciones que impulsaron la acción de amparo, expresaron que «el fallo confirma nuestras denuncias respecto a la grave paralización en la gestión de subsidios de mediano y bajo costo, así como en las ayudas a familiares».
También consideraron que «desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la falta de gestión ha afectado profundamente a miles de personas, privándoles de los medicamentos esenciales para garantizar su derecho a la Salud, corolario del derecho a la vida».
Por último, concluyeron que «este fallo no solo es una victoria judicial de las organizaciones sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a la salud es un derecho humano básico«, y que «el acceso a medicamentos que salvan vidas no puede ser obstaculizado por la ineficiencia administrativa ni por decisiones políticas que vulneren la dignidad de las personas».
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