El diputado del Frente para la Victoria, Mario Caputo aseguró hoy que “es necesario crear un nuevo marco normativo que regule en forma integral la explotación de las diferentes modalidades de juegos de azar que existen en la provincia de Buenos Aires” y destacó que “debe existir un debate amplio, profundo y sin ningún tipo de condicionamientos”.
“Es indispensable poner en revisión todo el sistema para, desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, dotar al Estado provincial de un instrumento legal que le posibilite aprovechar al máximo de sus posibilidades los recursos que se generan por los juegos de azar”, señaló.
El legislador planteó que la discusión “no sólo debe focalizarse en si se aplica un aumento al canon que pagan las salas de juego o se le incrementan los impuestos” sino que explicó que “debemos evaluar también la posibilidad de estatizar el juego”.
Detalló que desde hace meses trabaja en un anteproyecto de ley que plantea que el “Estado provincial se reserva la explotación, regulación, control y administración de los juegos de azar” y prohíbe taxativamente “la privatización, la concesión y la tercerización bajo ninguna modalidad”.
“Si el gobierno nacional tomó el control para el Estado de YPF o de las AFJP para mejorar la calidad de vida del conjunto de los argentinos, por qué no podemos plantear que la provincia de Buenos Aires sea la que administre, controle y explote las diferentes modalidades de los juegos de azar”, sostuvo.
Caputo precisó que “más allá del tema de la estatización, es imprescindible poner en la mesa de debate el sistema de otorgamiento de licencias, los cánones que abonan los concesionarios, cómo es el control sobre las máquinas on line y el horario de funcionamiento de las salas de Bingos”, radicadas en territorio provincial.
Consideró además que un nuevo marco normativo “evitará que cuando el Estado tiene dificultades financieras y necesita recursos salga a pedir dinero fresco de quienes explotan las máquinas tragamonedas y los bingos a cambio de una renovación de las licencias”.
“Esto pone a la provincia en una situación de indefensión a la hora de negociar y por eso nuestro deber como legisladores es el de dotar al estado de una norma que le permita obtener los recursos que le corresponden para invertir en salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social”, concluyó
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