La atención en hospitales y centros asistenciales cordobeses dependientes del Estado provincial estuvo restringida ayer por protestas en rechazo a despidos de personal contratado.

Con la modalidad de asambleas, quite de colaboración y ollas populares, los gremios de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a la agrupación Médicos Unidos y trabajadores sanitaristas cubrieron solamente las guardias mínimas.

El ministro de Salud de la provincia, Francisco Fortuna, afirmó que “no hubo despidos” sino que se trató de “60 contratos no renovados” a partir de la “evaluación del desempeño profesional” efectuado por los directivos de los hospitales.

“De los 4.523 contratados que vencieron el 31 de agosto pasado, sólo 15 no se renovaron en Córdoba y 45 en todo el interior”, sobre los 42 centros asistenciales de la provincia, manifestó el ministro a radio Universidad.

Estela Giménez, dirigente de la UTS, denunció que “son más de 200 los trabajadores despedidos”, entre ellos “60 compañeros que tienen de entre cuatro y nueve años de antigüedad, y con sus legajos limpios”.

“Hay médicos, enfermeros y otros trabajadores que venían cumpliendo funciones indispensables en el sistema de salud”, aseveró la dirigente, quien denunció que en “ninguno de los casos mediaron sumarios administrativos” antes de la cesantía.

En diálogo con Télam, entendió que las cesantías “podrían tratarse de maniobras políticas intimidatorias por las constantes denuncias públicas de la precarización y vaciamiento de la salud provincial” que vienen haciendo desde los gremios.

La titular de la UTS dijo que “el ministro contabiliza sólo los contratos a largo plazo y no los contratados precarizados como los monotributistas y de otras modalidades de empleo temporales contrarias a las leyes laborales”.

A la situación de “despidos y precarización laboral” se suman otros aspectos que “paradójicamente tienen que ver con la falta de recursos humanos, con la falta de mantenimientos de los hospitales, como los quirófanos en estado de abandono y espacios contaminados, además de estar trabajando con drogas e insumos que mala calidad que ponen en riesgo de mala praxis a los médicos y auxiliares”, advirtió Giménez.