Por:
ROBERTO CABALLERO
Como a los accionistas del Grupo Clarín S.A. no les gusta lo que opino, le pidieron a un juez que me meta preso (causa 12383/2012, Juzgado Federal 9, radicada el jueves 22), junto a un grupo de colegas y funcionarios que tampoco dicen lo que ellos quieren que se diga.
Lo hicieron a través de un escrito que lleva las firmas del apoderado de la empresa monopólica, José María Sáenz Valiente (ver recuadro aparte); el letrado patrocinante de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa, Hugo Wortman Jofre; y Alejandro Pérez Chada, el abogado del multiprocesado jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
El Grupo Clarín S.A. entiende que su derecho a la libertad de expresión es superior al que me asiste a mí para expresar lo que pienso en un país libre y democrático, y exige que se me aplique una mordaza judicial en el marco del Derecho Penal, nada menos. La intención es clara: producir en los periodistas que no repiten lo que Magnetto quiere escuchar el temor a la represalia y silenciar así la crítica como parte de una estrategia general de blindaje a su patrimonio excedido, que deberá adecuar a la Ley de Medios de la democracia antes del 7D.
Este episodio demuestra que la única libertad de expresión que está en riesgo en la Argentina es la de los periodistas que no aceptamos subordinarnos a los dictados de una empresa monopólica que, cuando tuvo en sus manos la custodia de esa misma libertad de expresión de la que se dice ahora cínicamente garante, ocultó el genocidio sangriento de Videla & Cía, sin que se haya conocido hasta el presente autocrítica alguna de parte de sus directivos.
Son los mismos que se reunían con el general represor Bartolomé Gallino, a cargo de la confección de los interrogatorios que luego se perpetraban contra los integrantes de la familia Graiver, para despojarlos de las acciones de Papel Prensa para quedarse con el monopolio de la fabricación del papel para diarios, piedra basal de su posterior multimedio monopólico.
Fue así que aumentaron sideralmente su rentabilidad, su patrimonio y su participación abusiva en el mercado gráfico: asfixiando a los medios más chicos, haciéndolos quebrar financieramente, destruyendo empleo en el gremio de prensa y ejerciendo el más crudo control de contenidos sobre cualquier emprendimiento disidente que no se prestara a ser satélite de sus intereses económicos y políticos. Participaron de este modo militante de la perversa idea de que suprimiendo al otro se solucionaban todos los males.
Cuando se quiera mensurar el tamaño de la censura periodística que aplicó el Grupo Clarín S.A. a la sociedad argentina en aquella época trágica, basta con ir hasta cualquier hemeroteca, pedir las ediciones de los siete años que duró la dictadura cívico-militar y cotejarlas con la “Carta Abierta a la Junta Militar” que escribió Rodolfo Walsh antes de ser detenido y desaparecido por los mismos depravados que gozaban viendo cómo Lidia Graiver se retorcía en el camastro de tortura para robarle su empresa y entregársela al Grupo Clarín S.A., en sociedad con La Nación S.A.
Mientras los cuerpos de miles de desaparecidos eran arrojados de los aviones al Río de la Plata, Eduardo Van der Kooy, editorialista actual del diario Clarín, era distinguido por Videla como “joven periodista brillante” y Joaquín Morales Solá se desempeñaba como panoramista político de un país donde había exceso de horror y nada de política, sólo intrigas entre las Tres Armas, con un baño de sangre de argentinos como telón de fondo. No se recuerda una sola nota de ellos, por aquel tiempo, explicando de dónde venían esos cuerpos comidos por los peces que aparecían hinchados en las costas uruguayas y argentinas. Con la honrosa excepción de algunas notas de Oscar Raúl Cardoso y María Elena Walsh, el diario de Clarín S.A. –y qué decir de La Nación S.A.– se convirtió en un gran naturalizador del terrorismo de Estado y sus secuelas en la vida cotidiana, que continúan hasta hoy. Faltan recuperar todavía 400 nietos de las garras de sus apropiadores.
Ese grupo empresarial ahora le exige a un juez que me calle utilizando el Código Penal como garrote. Avanzamos mucho, por suerte. Si esto hubiera ocurrido 36 años atrás, les hubiera resultado mucho más sencillo y hasta menos costoso.
Pero, mejor, vayamos a los hechos. ¿Qué es lo que se me imputa? Haber asistido como invitado al programa 6,7,8 el 4 de octubre, a analizar la sublevación de gendarmes y prefectos, cuando esa misma tarde Chiche Gelblung, en Radio Mitre, del Grupo Clarín S.A., había sacado por radio a Aldo Rico en apoyo de la revuelta. Copio textual mis dichos, por los que se me inicia la demanda: “¿Qué creo yo, digamos, de lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización. Cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice: ‘¿en qué país estamos?’ Y, la verdad, me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio en la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín S.A., de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad argentina, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca, quizás, que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Cuando uno ve un uniforme haciendo lo que no es su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel…”
Asociar desde Radio Mitre al ex carapintada Aldo Rico, el que se alzó contra la democracia en tiempos de Raúl Alfonsín, con la insubordinación de gendarmes y prefectos, una vez que la situación salarial esgrimida ya había sido solucionada, permite pensar que la intención del Grupo Clarín S.A. fue la de fogonear insistentemente desde sus múltiples licencias excedidas algún tipo de desenlace del conflicto por vías no institucionales, y eso obedece a una estrategia de incendio de la calle, sin lugar a dudas, para desestabilizar a la autoridad democráticamente elegida. Además, no fue un movilero inexperto el que casualmente sacó a Rico al aire para que se solidarizara con los amotinados: fue “Chiche” Gelblung, director de la revista Gente durante la dictadura, que acaba de cerrar un acuerdo con el Grupo Clarín S.A. para hacer cinco horas de programa matutino y dos al regreso por Radio Mitre en 2013, por lo cual es evidente que los accionistas de la empresa comparten criterio editorial y viceversa con el propio Gelblung. Eso puede decir mucho o poco sobre el asunto en cuestión. Al fin de cuentas, son mis opiniones. Pero las mías no están manchadas con sangre.
La consultora de medios Grupo Identidad hizo un trabajo mucho más fino sobre lo ocurrido. Se publicó el 13 de noviembre en Tiempo Argentino. Dice así: “De acuerdo con un estudio de tratamiento mediático sobre noticias policiales aparecidas en TV abierta y de cable en los primeros días de octubre pasado –es decir, mientras se desarrollaba la protesta de gendarmes y prefectos–, el promedio de noticias emitidas creció de las 180 que se computan en un mes estándar hasta alcanzar las 323, con picos de 600 en los días de mayor intensidad. De las 3232 noticias policiales publicadas del 1 al 10 de octubre, 1420 fueron acaparadas por los reclamos de las dos fuerzas de seguridad antes mencionadas. Esto significa que logró una concentración del 44 por ciento. La señal TN, del Grupo Clarín, lideró el ranking con 728 registros.” Y concluye: “Sin dudas, se erigió así como el principal canal emisor del conflicto. A esto se suma que la señal transmitió en vivo, durante tres jornadas, la protesta de gendarmes y prefectos desde los edificios Guardacostas y Centinela a través de la web.” Por esta razón, el estudio se pregunta si en esos diez días “disminuyó el delito en la Capital Federal o disminuyó su construcción y representación en los medios audiovisuales, privilegiando un tema de neto corte político”. También se marcó que, hacia el interior de los medios analizados, “el conflicto adquirió un status de ‘crisis institucional’ y la protesta se derramó a los programas políticos como ningún otro tema en estos cincos meses”.
De las 75 horas de aire dedicadas a cubrir hechos policiales, “el 45 por ciento (34 horas) fueron para el pedido de gendarmes y prefectos”. Y en cuanto a la cobertura dada por las señales de cable: “TN casi duplica en registros a los cuatro canales que le siguen, muy parejos entre sí: C5N, A24, Crónica TV y Canal 26” (todos ellos, tan privados como TN). Sobre las señales de aire, si bien hubo mayor paridad, el Grupo Clarín también fue líder: “Canal 13 tuvo 250 registros; Telefe 223 y Canal 9 202. Por su parte, Canal 7 estuvo penúltimo, con 122 registros.” Finaliza el estudio de Grupo Identidad: “Haciendo el corte por tipo de tema, la protesta ganó la pantalla con una proporción de 6 a 1 en relación al segundo tópico en relevancia, el caso del testigo Alfonso Severo.”
¿Por qué no pensar que el Grupo Clarín S.A. construyó desde el conflicto salarial una situación de estrépito y desgobierno para hostigar mediáticamente a las autoridades democráticas, lo cual es un hecho grave y merece ser dicho para que las audiencias no sean cautivas de estrategias que no las tienen en cuenta como sujetos del derecho a la comunicación sino como base de maniobra de sus operaciones políticas?
Decirlo para mí es una obligación profesional. Parte del compromiso que asumí hace más de 20 años cuando me dediqué al periodismo y callarme no está en mis planes.
Al Grupo Clarín S.A. le molestan mis opiniones sobre los sucesos de octubre. Pero mucho más que un grupo de periodistas-trabajadores de prensa hayamos fundado Tiempo Argentino en 2010, donde publicamos lo que ellos jamás hubiesen publicado. Expandimos el horizonte de opinión de nuestra democracia. Enriquecimos el debate público. Contribuimos a la pluralidad de voces. Estamos orgullosos de hacerlo todos los días.
Somos hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Colegas en el tiempo de Walsh, Haroldo Conti, Paco Urondo y los otros 100 periodistas devorados por el genocidio.
Queremos un país mejor para nuestros hijos y lo vamos a hacer.
No es con la estigmatización mediática, el apriete judicial o directamente la cárcel que los intolerantes nos van a silenciar.
Ni lo sueñen.
* Director fundador de Tiempo Argentino
Una tanqueta judicial de más de 60 abogados y un martínez de hoz
José María Sáenz Valiente es el titular del bufete de abogados del Grupo Clarín S.A., con oficinas en Puerto Madero. Sus socios o empleados integran como apoderados o directores todas las empresas del monopolio, además de litigar en distintos fueros por los intereses patrimoniales de esas mismas firmas, bajo la supervisión atenta de Jorge Rendo, el operador judicial de Héctor Magnetto. En total, son 65 abogados, una verdadera tanqueta jurídica. Sus nombres: Jorge de la María Martínez de Hoz, José María Sánez Valiente (h), María Lucila Romero, Eduardo Alberto Lohidoy, Martín Ríos, Mariano Castaños, Carla Andrea Milanese, Nathalia Conci, Milagros Paez, Diego Gabriel Sigal, Carolina Tiscornia, Sofía Sívori, Luis María Novillo Linares, Eduardo María Sáenz Valiente, Damián Cassino, Matías Fredriks, Mariela Schlikerman, Nicolás Novoa, Rafael Pizarro, Gustavo A. Kraus, Hernán Frosone, Federico García,Rodrigo Miguel, Lucas Cinto Corteaux, Andrés Enrique Torres, Cristina Carolina Carro, Vanesa Claudia Rodríguez, Ezequiel Nicolás Signorali, Juan Pablo Chidichimo, Leonardo José Tezanos Pinto Balbiani, Bárbara Blaiotta Herrá, Pablo César Casey, Juan Sebastián Delmar, Lucrecia María Delfina Moreira, Diego Deveraux, Claudia Irene Ostergaard, Paula del Campo, Martín Guillermo Ríos, José María Méndez Acosta, Alicia Eugenia Sánchez, Julieta Ana Filippetti, Mariángeles Davide, María Cecilia Irigoyen, Eugenia Prieri Belmonte, Maximiliano Palermo, Carlos María del Campillo, Bruno Carlos Sizano, Bernardo Agustín Donada, Agustín Matías Legón Marienhoof, Sebastián Ricardo Frabosqui Díaz, Juan Harilaos, Eduardo Gabriel Cavallo, Alejandro Carrió, Federico Agustín Black, Adela Alicia Eugenia Sánchez Avelino, Marcelo Alejandro Martikian, Mariano Castaños Zemborain, Rodrigo Sebastián Miguel y Paula del Campo. A los que se suman, según las circunstancias, Wortman Jofre y Pérez Chada. Acá están muchos de los fabricantes de cautelares que impiden, entre otras cosas, la aplicación integral de la Ley de Medios, y algunos de los que habitualmente comparten viajes al exterior con funcionarios judiciales y políticos donde hablan de temas de interés común. El listado no es un misterio, aunque nunca se haya publicado. Está disponible en Google y en cada uno de los juzgados donde litigan y dejan las actas constitutivas de las sociedades que los emplean.
