La Justicia rechazó la prescripción de una causa en la que un grupo de abogados, ex funcionarios judiciales y un agente de inteligencia están acusados por una maniobra para proteger al difunto sindicalista José Pedraza en la causa por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, en 2010.
El rechazo, confirmado ahora por la Cámara de Casación, está relacionado con el supuesto intento de sobornos para elegir a un tribunal que excarcelara a los integrantes de la patota que mató a Ferreyra y, de esa manera, evitar que Pedraza fuera detenido.
Pedraza fue detenido, juzgado, condenado y falleció cuando cumplía la pena en prisión domiciliaria, en diciembre de 2018.
Los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Javier Carbajo desestimaron –tal como lo había hecho en mayo pasado el Tribunal Oral Federal número ocho- el pedido de prescripción del ex agente de inteligencia Juan José Riquelme; la ex apoderada de la firma Belgrano Cargas, Susana Planas; el ex contador de la Unión Ferroviaria Ángel Stafforini; el ex encargado de Sorteos de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar (h) y el ex juez federal subrogante y hoy abogado particular Octavio Aráoz de Lamadrid.
Según se desprende del expediente, «se tiene por acreditado que Riquelme prometió a Stafforini y a Pedraza que, a cambio de una contraprestación dineraria que le fue entregada por los nombrados y Susana Rita Planas, influenciaría indebidamente sobre el juez Eduardo Riggi y, bien directa o indirectamente a través del propio Riggi, sobre los restantes integrantes de la Sala III de la Casación Penal, con el objeto de que revocasen la homologación del auto de procesamiento con prisión preventiva» contra los acusados por el crimen de Ferreyra.
«Asimismo –agrega la documentación-, se tiene por acreditado que Riquelme participó en el ofrecimiento de una suma de dinero o dádiva al funcionario público Luis Ameghino Escobar, para que éste direccionara el sorteo y permitiera así que fuera la Sala III donde quede finalmente radicado el expediente».
La maniobra consistía en manipular el sorteo, elegir la sala, sobornar a los jueces, obtener un fallo favorable y, de esa manera, blindar a Pedraza, pero todo fracasó porque la jueza de la causa por el homicidio, Wilma López, y la fiscal Cristina Caamaño, hoy titular de la AFI, descubrieron lo que se estaba tramando.
La causa fue elevada a juicio oral, después de un intrincado camino judicial, en 2019, pero los tres jueces imputados, el propio Riggi más Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo (ambos fallecidos) sólo quedaron definitivamente desvinculados de la causa en 2016, lo que interrumpió los plazos de prescripción.
El tribunal oral aún no fijó la fecha de realización del juicio, en el que todos están imputados por el presunto delito de dádivas, que contempla penas de hasta seis años de prisión.
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