La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte apuntó que la medida es «una privatización encubierta del sistema de salud». Además avisó que realizará acciones concretas para defender a los trabajadores.
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), encabezada por su Secretario Regional, Édgar Díaz, rechazó rotundamente la Resolución Nº 1/2025APN-UGA MS, emitida por la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei sobre las obras sociales de los sindicatos por considerarla una medida que “atropella la legislación vigente y vulnera los derechos conseguidos”. Además, anunció que actuará en diferentes frentes y que realizará acciones concretas en pos de defender a los trabajadores.
En ese sentido, Edgar Díaz sostuvo que ve con preocupación la intromisión que lleva adelante el presidente de todos los argentinos ya que “los gremios del transporte somos estratégicos y los que movemos la economía del país, y esto significa un golpe a la estructura de financiamiento de nuestro sistema solidario de salud y al de todos los movimientos sindicales argentinos” y agregó: “La resolución planteada es inconstitucional y contraviene derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, incisos 14, 22 y 23, y artículo 41), la Ley Nº 23.660 (Obras Sociales) la Ley Nº 23.661 (Sistema Nacional De Seguro de Salud), la Ley Nº 24.240 (Defensa Del Consumidor) y la jurisprudencia nacional e internacional, incluyendo fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Privatización encubierta contra obras sociales
En esa misma línea, el Secretario Regional de ITF Américas afirmó que “esto se trata de una privatización encubierta del sistema de salud ya que se desvían fondos del sistema solidario hacia entidades privadas sin garantizar un acceso equitativo a la salud, violando los principios de universalidad y equidad”.
Así, en cuanto a las principales violaciones y afectaciones por la Resolución, desde la Federación plantearon la “intangibilidad de los aportes sociales y afectación del salario ya que los aportes destinados a las obras sociales forman parte del salario y son propiedad de los trabajadores y su desvío hacia empresas privadas es insconstitucional; la violación del derecho de propiedad y de la seguridad social ya que las obras sociales sindicales pertenecen a los trabajadores que aportan para garantizar su cobertura de salud; la afectación del derecho a la salud y la seguridad social a partir de la desfinanciación a las obras sociales, poniendo en riesgo la prestación de servicios médicos y afectando la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria; y la vulneración de los derechos de los consumidores ya que se impone una modificación contractual unilateral que perjudica a los afiliados”.
Falta de garantías
Además, denunciaron “la falta de garantías en el traspaso de aportes a entidades privadas porque no se asegura que la transferencia de aportes mantenga las mismas condiciones de cobertura, generando incertidumbre sobre costos y prestaciones y la imposición de cargas administrativas arbitrarias, ya que se obliga a los afiliados a realizar trámites adicionales para mantener su cobertura, alterando unilateralmente sus contratos y generando perjuicios administrativos”.
Así, ante la medida anunciada, desde la Federación exigen “el cese inmediato de toda acción tendiente a la apropiación ilegítima de los aportes sociales y del salario de los trabajadores, garantizar que los aportes sean utilizados exclusivamente para la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias y la transferencia inmediata a las obras sociales de los aportes correspondientes al mes de diciembre de 2024, fecha en la que no estaba en vigencia la resolución cuestionada”.
Por último, pidieron “el respeto irrestricto de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes y el ejercicio del control de convencionalidad para evitar la aplicación de la Resolución Nº 1/2025APN-UGA MS” y concluyeron: “la aplicación de una norma inconvencional genera responsabilidad administrativa, civil y penal no solo para los funcionarios que la ejecuten, sino también para el Estado, comprometiendo su responsabilidad internacional al afectar derechos fundamentales argentinos”.
Cabe destacar que la ITF representa 16.5 millones de trabajadores y trabajadoras de 740 organizaciones sindicales en 150 países, tanto en el sector portuario como aeronáutico, terrestre y marítimo.
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