La Corte Suprema de la Nación falló a favor del macrismo y habilitó el traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Justicia porteña. Le permitió así intervenir en instancias de apelaciones para causas penales, civiles, comerciales y laborales. Las asociaciones de jueces, fiscales, defensores y camaristas, y el gremio judicial que encabeza Julio Piumato, rechazaron la medida en una reunión conjunta.
Las principales asociaciones judiciales y el gremio que representa a los empleados del Poder Judicial expresaron un enérgico rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita al Tribunal Superior de Justicia porteño a intervenir en apelaciones de causas de los fueros nacional penal, civil, comercial y laboral.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, junto a presidentes de cámaras nacionales de Casación y Apelaciones, representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y de Tribunales Orales Nacionales, así como la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), participaron de una reunión conjunta para fijar una posición común en contra de lo que consideran una «inadecuada y peligrosa transferencia de competencias».
En un comunicado difundido tras el encuentro, advirtieron que “la jurisdicción constituye uno de los mayores atributos inherentes a la soberanía del Estado que, en la República Argentina, se integra con el gobierno federal y los gobiernos de las provincias”. Asimismo, señalaron que “la ciudad de Buenos Aires, si bien es calificada como ‘gobierno autónomo’, su personalidad jurídico-política no emana de un poder originario y propio, sino que es el producto de la voluntad de un ente superior -la Nación Argentina- expresada en la Constitución”. Por este motivo, calificaron como improcedente el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad.
Además, las asociaciones apoyaron los argumentos del procurador general Eduardo Casal y del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, quien votó en disidencia con el fallo mayoritario. Según los gremios y magistrados, “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones”.
Asimismo, insistieron en que el Código Procesal Civil y Comercial establece que las sentencias de estas cámaras nacionales solo pueden ser revisadas mediante un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia. “Una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación”, alertaron.
También se destacó el impacto sobre los Ministerios Públicos, al argumentar que “se ven afectados por no cumplirse las leyes del Congreso en cuanto a la unidad de actuación, las restricciones para recusaciones, las sanciones disciplinarias y los mecanismos de remoción, que difieren entre las jurisdicciones nacional y porteña”.
En un tramo contundente de su comunicado, los firmantes declararon: “Quienes suscribimos el presente comunicado ratificamos nuestra postura histórica: LA JUSTICIA NACIONAL NO PUEDE SER TRANSFERIDA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES [sic], conforme una recta interpretación de la Constitución Nacional”.
La foto simbólica de unidad tras la reunión en la sede de la Asociación de Magistrados refuerza el mensaje de resistencia de los actores judiciales nacionales frente a un fallo que, según ellos, pone en riesgo la integridad del Poder Judicial federal.
INFOGREMIALES
