Reclaman la detención de un ex juez por garantizar impunidad en la dictadura

A mediados de 1976, Laurentino Pedro Duarte juró por los estatutos de la dictadura cívico-militar para poder asumir como juez federal de Neuquén. Se trataba de un procedimiento inconstitucional y habitual que aceptaban todos los magistrados de la época si querían seguir integrando el Poder Judicial. Los sobrevivientes del Terrorismo de Estado aún recuerdan que Duarte fue vestido a la ceremonia con su uniforme militar. Toda una señal.

Según consignó Tiempo Argentino, el jueves pasado, los fiscales a cargo de la Unidad Fiscal de DD HH neuquina, Adrián García Lois y Miguel Palazzani, solicitaron la detención de Duarte, que se reconvirtió en un prestigioso abogado local, y del ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz. Los procuradores consideraron que ambos realizaron “un aporte indispensable” al plan criminal ejecutado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad entre 1976 y 1983. Les adjudicaron brindar “cobertura judicial” a los represores de Neuquén y Río Negro. También reiteraron el pedido de indagatoria de ambos que ya se había hecho más de un año atrás.

Duarte y Ortiz son dos casos paradigmáticos que reflejan el accionar del Poder Judicial, bastión central que amparó y allanó el camino a los crímenes de lesa humanidad que perpetraron los genocidas. “Revelan la complicidad judicial con el terrorismo de Estado. Blindaron a los perpetradores directos: les aseguraron impunidad y facilitaron sus crímenes”, explicó Miguel Palazzani a Tiempo. Ambos se encuentran imputados desde diciembre de 2013 cuando García Lois requirió que sean convocados a prestar declaración indagatoria por haber estado “al servicio de un gobierno sedicioso” junto a otros siete ex funcionarios judiciales de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro, tanto de la órbita federal como provincial. Producto de la red de relaciones que se extienden por toda la estructura del Poder Judicial, la denuncia le generó un alto costo político y social a García Lois. Por caso, para ser fiscal en Tierra del Fuego, cargo que ocupa desde diciembre pasado –no dejó la Unidad Fiscal de DD HH–, no conseguía adhesiones. Si bien nadie se opuso a su nominación, implícitamente intentaron quitarle el respaldo. No lo lograron.

El nuevo pedido de los fiscales se concentra sólo en Duarte y Ortiz porque “son los casos más graves, de acuerdo a la prueba recolectada hasta el momento”, explicaron fuentes judiciales. El magistrado Gustavo Villanueva deberá decidir sobre la situación procesal de los acusados: si da curso o desecha la solicitud. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, querellante en la causa, apoyará el pedido, según adelantó a este diario su abogado, Juan Cruz Goñi.

“Consideramos que el rol que cumplió la justicia en la dictadura fue clave porque fue garante de la represión. Entendemos que el Poder Judicial fue descabezado para hacer de él un poder cómplice durante la aplicación del terrorismo de Estado”, aseguró Goñi a Tiempo.

UN JUEZ  A LA MEDIDA DE LOS GENOCIDAS. El de Duarte es “el único caso investigado en el país en que un propio integrante del Ejército pasó a desempeñarse como juez federal, dando cobertura a sus compañeros de armas de las torturas, asesinatos, secuestros y desapariciones en Neuquén”, indicaron Palazzani y García Lois al sitio Fiscales.gob.ar.

Laurentino Pedro Duarte comenzó su carrera militar como cadete. Fue auditor del Ejército en 1961 y once años más tarde se transformó en jefe de la sección Justicia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, con el cargo de mayor auditor. Esa era la unidad que ejercía la jefatura de la subzona 52, con jurisdicción en Neuquén y un sector de Río Negro. El centro clandestino de detención La Escuelita, por donde pasaron la mayoría de las víctimas de la región durante la última dictadura, estaba ubicada en el Batallón de Ingenieros de Construcción 181, dependiente del comando de aquella Sub Zona.

Inmerso en el calor de la represión, el 5 de julio de 1976, Duarte solicitó a sus superiores que se le conceda el retiro voluntario del Ejército para asumir como magistrado. No solicitó la baja porque pretendía seguir vinculado “espiritualmente” a la fuerza, según sus propias palabras. En agosto del mismo año asumió como juez federal. Vistió la toga hasta 1985, cuando no consiguió el acuerdo del Senado para seguir en el cargo.

A Duarte se le adjudica “la negativa a investigar las numerosas denuncias que hacían los familiares de las víctimas, rechazar rápidamente los habeas corpus (con costas) y, en general, hacer caso omiso a cualquier noticia que pudiera incriminar penalmente a sus camaradas de armas”.