Ante un pedido de la Defensoría del Público, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (TDA), aseguraron que no existen denuncias por contaminación contra el sistema digital abierto.
Además, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Comisión Nacional de Comunicaciones coincidieron en que la red no trae aparejado ningún peligro para la salud, contrariamente a lo manifestado por el gobernador José Manuel de la Sota. El supuesto perjuicio fue la principal excusa utilizada por el mandatario para interrumpir el servicio.
Para determinar si efectivamente la interrupción de las señales televisivas estaba justificada en consecuencia de daños ambientales y a la salud de las personas, la Defensoría requirió a entes especializados “documentación respaldatoria y estudios que sustentan la puesta en marcha de estaciones de televisión digital”. El pedido del organismo, encabezado por Cynthia Ottaviano, se originó en las denuncias recibidas de vecinos y vecinas de Córdoba por la falta de servicio de TDA. En estos momentos, según informó la Defensoría, la cantidad de cordobeses afectados por la interrupción superaría el medio millón de personas.
