La Cámara Nacional de Apelaciones rechazó la apelación del Gobierno y ratificó la medida cautelar que impide desmantelar programas de prevención y asistencia contra la violencia de género, como la figura legal de femicidio o los cupos laborales. Organizaciones feministas celebraron la decisión en un contexto de ataques discursivos y legislativos por parte de la administración Milei.
La Justicia volvió a frenar los intentos del Gobierno nacional de avanzar contra las políticas de género. La Cámara Nacional de Apelaciones resolvió no habilitar la feria judicial para tratar la apelación del Ejecutivo contra una medida cautelar que le impide desmantelar ni desfinanciar programas clave de asistencia, prevención y acceso a la justicia para mujeres y niñas en situación de violencia.
La decisión judicial llega en un momento de extrema tensión. Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona han intensificado los ataques hacia las agendas feministas, calificando al movimiento como una «distorsión» y anunciando proyectos de ley para eliminar figuras legales como el femicidio y los cupos de género.
La medida cautelar, aprobada en diciembre de 2024 tras una presentación de organizaciones como Ni Una Menos, FEIM y Fundeps, exige al Estado garantizar los derechos contemplados en la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género. En respuesta, el Gobierno alegó que cumplir con esta resolución era «imposible» y que las reducciones presupuestarias obedecían a una «reorganización administrativa». Sin embargo, los movimientos feministas y observatorios de derechos humanos han denunciado que el desmantelamiento de organismos como la Subsecretaría de Violencia de Género y la reducción del 50% de la planta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad evidencian un retroceso deliberado en estas políticas.
“Esta decisión judicial es una señal importante en este momento de extrema gravedad institucional”, afirmó Patricia Sotile, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). La abogada destacó que el mantenimiento de la cautelar es crucial para proteger los derechos de mujeres y diversidades frente a un Ejecutivo que ha demostrado desinterés por cumplir estas leyes.
En paralelo, organizaciones y familiares de víctimas de violencia de género repudiaron las declaraciones del presidente Milei y su ministro de Justicia, quienes sostienen que la figura del femicidio es «innecesaria» y que el feminismo busca «privilegios». “No se puede negar lo que verdaderamente existe como tal”, afirmaron desde la agrupación Atravesados por el Femicidio, recordando que en 2024 más de 300 mujeres fueron asesinadas por violencia machista.
La continuidad de la medida cautelar refuerza, al menos temporalmente, la obligación del Estado de prevenir la violencia de género y garantizar la asistencia a las víctimas, en un contexto donde la narrativa oficial promueve su invisibilización. Según Luci Cavallero, de Ni Una Menos, “la relevancia de esta decisión radica en sostener los marcos democráticos y evitar que el autoritarismo avance sobre los derechos conquistados”.
La resolución definitiva sobre el tema se pospuso para después de la feria judicial, cuando los tribunales evaluarán si mantienen o levantan la medida cautelar. Mientras tanto, los colectivos feministas y de derechos humanos continuarán exigiendo el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes y alertando sobre el impacto de las políticas y discursos oficialistas en la vida de mujeres y diversidades en Argentina.
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