El juez de Garantías de Cuarta Nominación de Salta, Diego Rodríguez Pipino, hizo lugar a la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la fiscalía en la causa que se le sigue al senador nacional Juan Carlos Romero, por enriquecimiento ilícito.
Fuentes del Poder Judicial de Salta informaron que se trata de la causa “Romero, Juan Carlos por enriquecimiento ilícito de funcionario público”, en cuyo marco serán embargadas dos propiedades de las compañías Jucaro SA y Loma Balcón SA.
El imputado tiene participación societaria en ambas sociedades, según quedó acreditado en el legajo de investigación con copias de sus mismas declaraciones juradas.
El pedido fue realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que oportunamente señaló que se formuló decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Juan Carlos Romero, atribuyéndole provisionalmente el delito de enriquecimiento ilícito.
Esto “toda vez que de la evidencia recogida surge que el investigado mediante personas interpuestas para disimularlo, habría obtenido un incremento patrimonial apreciable posterior a la asunción de su cargo como gobernador de la provincia”.
La fiscalía consideró que ese incremento patrimonial “aparecía como considerable e injustificado, en tanto se presentaba como excesivo respecto a los ingresos legítimos que hubiera tenido durante el ejercicio de sus funciones, sean que hubieran provenido de su función o aún de la actividad privada en la que participaba”.
El juez consideró que la medida surge como “adecuada para resguardar preventivamente los bienes que eventualmente pueden ser decomisados y evitar que se realicen actos evasivos tendientes a ocultar y dificultar la detección de los bienes sujetos a decomiso -enajenación a terceros, etc.-“, detallaron los voceros.
Por esta causa, Rodríguez Pipino hizo lugar al pedido fiscal y solicitó en abril pasado el desafuero del senador nacional, y ordenó librar los oficios correspondientes al Senado de la Nación, según el artículo 1 de la Ley 25320, por la “actitud evasiva” de Romero, que no se presentó a declarar en tres citaciones de la fiscalía que entiende en la causa.
La causa por enriquecimiento ilícito, que comenzó en diciembre, se reactivó recién tras la feria, cuando Rodríguez Pipino rechazó la recusación de Romero a la fiscal penal Mónica Poma y un planteo de nulidad de la imputación
TELAM
