El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se reunió ayer con la nueva jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Florencia Piermarini, para delinear la política carcelaria de la provincia y conseguir oportunidades laborales para las personas liberadas. Piermarini, que el jueves estrenó su nuevo cargo, es abogada con capacitación en Derechos Humanos. De 36 años y tres de experiencia en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Piermarini es la primera mujer que ocupa la jefatura del SPB. Asumió en remplazo de Marcelo Pernisi, quien falleció a principios de febrero unos meses después de asumir.
Tras el encuentro, el mandatario del mayor distrito electoral argentino señaló que “uno de los ejes de la política de seguridad es bajar la reincidencia”, y agregó: “En ese aspecto, desde mi primer mandato impulsé la educación y formación laboral en las cárceles y sancioné la Ley 14.301 de oportunidad laboral para liberados.”
Entre las medidas inmediatas que se aplicarán en la provincia de Buenos Aires, Scioli adelantó que convocarán a los responsables de municipios donde hay cárceles y “a todos los sectores del trabajo y la producción de la provincia para que adhieran a la iniciativa legislativa de establecer cupo en vacantes del sector público para quienes egresen del sistema carcelario nutridos de saberes y oficios”.
El gobernador afirmó que “el Servicio Penitenciario es un actor fundamental en este nuevo proceso de inclusión”, y que “la instrucción dada va en sentido de que (la funcionaria) articule con todos los sectores vinculados para lograr la plena ocupación de quienes cumplieron su condena. Esto es, el objetivo de un trabajo digno, que resulte inclusivo y aleje a la persona del delito definitivamente”, concluyó tras la reunión mantenida en la sede porteña del Banco Provincia, de la que participó el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González.
Quien recibió una buena noticia fue la secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, cuestionada por sectores del kirchnerismo y delegados del gremio de ATE que pidieron su renuncia tras denunciar agresiones en esa dependencia.
Ayer una decena de intendentes y funcionarios del área de Derechos Humanos de distintos municipios salieron a respaldar su continuidad al frente de la Secretaría.
“Durante la gestión encabezada por esta histórica militante (en referencia a Derotier de Cobacho), ha habido presencia permanente de la Secretaría en nuestros municipios y en el territorio de la Provincia a través del programa de Fortalecimiento Institucional para la Construcción de Ciudadanía, con el que el organismo provincial contribuyó a fortalecer o en muchos casos crear oficinas de Derechos Humanos”, reza un comunicado que suscribieron los intendentes de Berisso, Lobos, Mercedes y General Rodríguez, entre otros. Scioli, por su parte, prefirió guardar silencio frente al tema.
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