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El proyecto del Poder Ejecutivo que crea un nuevo estatuto del peón rural, que amplía los derechos para los trabajadores de ese sector, fue aprobado hoy por la Cámara de Diputados, que lo giró al Senado para su sanción definitiva. La iniciativa impulsada por el oficialismo fue aprobada en general poco después de las tres de la madrugada por 174 votos a favor y 4 en contra, en el marco de una extensa sesión que se había iniciado en horas del mediodía.
Para lograr la sanción del texto, que consta de 110 artículos, el oficialismo contó con el respaldo en general de los bloques aliados, así como del radicalismo, Unión Peronista de Felipe Solá, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y del Frente Amplio Progresista (FAP), entre otros.
El debate del texto se inició en medio de una polémica planteada luego de que se aprobara la reforma a la ley penal tributaria, y cuando el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, pidió continuar con la sesión hasta agotar el temario y comenzar a debatir el proyecto que establece el nuevo estatuto del peón rural.
Ese planteo generó el rechazo de los diputados del Frente Peronista, la Coalición Cívica-ARI y del PRO, que se levantaron de sus bancas y se retiraron del recinto, en medio de fuertes críticas al oficialismo, al que acusaron de no cumplir con el acuerdo de pasar a un cuarto intermedio y retomar en las primeras horas de hoy el debate de este tema.
Al iniciar la discusión, el diputado del Frente para la Victoria por Chubut, Juan Mario País, explicó que el proyecto se basa en los principios de la Constitución y los tratados de derechos humanos y sostuvo que se trata de una ley “que avanza propiciando y otorgando mayores derechos a los trabajadores del sector”.
Precisó que a través del texto, se crea un nuevo régimen previsional que reduce de 65 a 57 años la edad jubilatoria y se incorpora una licencia por paternidad de 15 días, “superando el régimen vigente en la actual ley de contrato de trabajo”, así como también se fijan límites al trabajo nocturno.
Desde el radicalismo, Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, anticipó el respaldo de ese bloque en general aunque adelantó que no acompañará el texto a partir del artículo 106 porque, dijo, “se pretende estatizar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)”.
También, el diputado del FAP, Víctor De Gennaro, manifestó el respaldo de ese bloque al proyecto y destacó su “satisfacción” por estar derogando la ley vigente de la dictadura aunque, dijo, “hubiéramos querido que fuera antes” pero anticipó que no respaldarán el artículo que reemplaza el RENATRE por el RENATEA.
El nuevo régimen reconoce a los peones remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.
La propuesta del oficialismo prevé, entre otras cuestiones, la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal; la bonificación por antigüedad; la prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento y que la jornada de trabajo exceda las ocho horas diarias y las 44 semanales (de lunes a sábado hasta las 13).
El proyecto establece también el reconocimiento de horas extras; el descanso semanal; las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.
Asimismo, a través del proyecto, se crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), como entidad autárquica, en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, que absorberá las atribuciones y funciones que actualmente desempeña el RENATRE. La propuesta oficial establece también la prohibición del trabajo de menores de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación del trabajo adolescente y las condiciones de vivienda digna.
Por otra parte, los empleadores deberán garantizar una alimentación de los trabajadores rurales “sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que desarrollen”. Los empleadores tendrán, asimismo, que “suministrar agua apta para consumo humano, en cantidad y calidad suficiente; y proveer el traslado de los trabajadores contratados desde su alojamiento hasta el establecimiento”, entre otros derechos reconocidos.
