La familia Salimei supo estar entre las de mayor linaje católico y conservador de la Argentina. Jorge Néstor Salimei, por ejemplo, fue ministro de Economía de Juan Carlos Onganía, aquel general integrista que puso al país “bajo la advocación de María”, prohibió a las parejas besarse en la calle e hizo que la policía detuviera a jóvenes pelilargo y los rapara en la comisaría. Salimei fue, por ejemplo, uno de los impulsores del cierre de los ingenios tucumanos, medida que llevó a la provincia miseria, desocupación y un grado de represión desconocido hasta entonces. Aquella familia fue, además, propietaria del mayor grupo exportador argentino: Sasetru. El emporio empresarial de los Salimei incluía el molino más grande del país, un banco internacional, una flota mercante y muelles propios en los puertos de Bruselas y Milán, con más de 10 mil empleados en total. Hoy, Jorge Martín Salimei, hijo del ex ministro y heredero de ese imperio en 1975 (tenía entonces 20 años) viaja en colectivo y hace un par de años debió vender su departamento por apuros económicos. La planta harinera de Sasetru es una ruina abandonada en medio del ex sector industrial de Avellaneda.
¿Qué ocurrió? El ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y el presidente del Banco Central, Alejandro Reynal, forzaron una quiebra multimillonaria mediante el recurso de la pura violencia. Los directores de la compañía fueron detenidos ilegalmente, secuestrados, perseguidos y acusados de “subversión económica”, mientras Economía y el BCRA fraguaban un endeudamiento deliberado y fraudulento del banco de los Salimei hasta forzar su venta al Bank of America. Los 150 millones de dólares pagados por esa operación no aparecieron jamás. Durante casi 30 años –es decir, hasta mucho después de caída la dictadura– los síndicos nombrados para conducir aquel fraude, Jorge Lerner y asociados, se llevaron 560 nil pesos mensuales, más que las familias de los 10 mil trabajadores del grupo.
Los Salimei no fueron las únicas víctimas empresariales de aquel terror mafioso. Entre otros muchos, los hermanos Rodolfo, Carlos y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados por grupos de tareas en Santiago del Estero y trasladados a La Plata en noviembre de 1976. En la capital bonaerense fueron torturados en centros clandestinos que comandaba el general Ramón Camps. Por ese medio los obligaron a “vender” (no recibieron un peso) una explotación láctea con la cual intentaban organizar un complejo productivo en el Noroeste. A cambio de la cesión de esa empresa, los militares les prometieron a los Iaccarino 28 hectáreas de campo en Córdoba, que nunca les entregaron. Un caso casi idéntico fue el que sufrieron en Mendoza miembros de la familia Cerruti, a quienes, mediante el secuestro y la tortura, les robaron campos y una explotación agrícola en la zona mendocina de Chacras de Coria.
LA REPRESIÓN Y EL SAQUEO. El gendarme Omar Torres, durante el juicio al represor Julio Simón, (a) “el Turco Julián”, explicó que en el Primer Cuerpo de Ejército todos querían estar a las órdenes del general Guillermo Suárez Mason, (a) “Pajarito”, porque el botín que se llevaban los miembros de los grupos de tareas organizados allí solía ser importante. Aunque, añadió, no siempre las cosas salían bien. Por ejemplo, según le contó Torres al tribunal, cuando en un operativo del Primer Cuerpo fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano –los llevaron ya muertos a El Olimpo– los represores encontraron 150 mil dólares en la casa de sus víctimas. La discusión por ese dinero terminó en un enfrentamiento a tiros entre los propios criminales: un oficial principal resultó muerto y dos suboficiales quedaron heridos. Posteriormente, la casa, en Belén 335 del barrio de Floresta, fue saqueada por otro grupo.
Así se robaron inmuebles, dinero, joyas, electrodomésticos, en cantidades tales que los represores se vieron obligados a organizar una red de comercialización de esos bienes y de lavado del dinero que producían. Así nació, por ejemplo, la empresa Magister Seguridad Integral SRL, creada al solo efecto de transar con los bienes de los detenidos en el campo de concentración Orletti, dirigido por Aníbal Gordon. El titular de Magister era el general Otto Paladino, por entonces titular de la SIDE. Se debe admitir que no todo el dinero iba al bolsillo de los represores: algunos inmuebles, por ejemplo, se incorporaron al patrimonio clandestino de la Secretaría de Inteligencia y fueron usados de “cuevas”.
MARTÍNEZ DE HOZ. Al momento de morir, Martínez de Hoz cumplía prisión preventiva domiciliaria por el secuestro del empresario textil Federico Gutheim y su hijo Miguel, en 1976. En esa misma causa estaba procesado Jorge Rafael Videla, quien ya tenía dos cadenas perpetuas y una condena a 50 años de prisión por diversos crímenes de lesa humanidad (poco después, Videla moriría en el inodoro de su celda, sentado sobre su propia mierda). Martínez de Hozhabía hecho secuestrar a los Gutheim porque ellos, con su empresa Sadeco, habían ganado una licitación internacional para exportar algodón a Hong Kong por 12 millones de dólares. El ministro tenía interés en esa operación y, secuestro mediante, obligó a los Gutheim a compartir el negocio.
No era todo, claro está. Sin contar el fraude de la estatización de la Ítalo de Electricidad, Martínez de Hoz tenía otras causas pendientes, una de ellas por el secuestro y desaparición del empresario Juan Carlos Casariego. Según el expediente judicial, Casariego fue hecho desaparecer para ocultar la estafa contra la Ítalo cometida por Martínez de Hoz y sus funcionarios Guillermo Walter Klein y Juan Alemann, con la complicidad de la familia Soldati.
LA ESTATIZACIÓN DE LA DEUDA. No se trata de hacer aquí un listado de los delitos económicos de la dictadura, demasiados y demasiado voluminosos, sino apenas de señalar algunos de ellos que, aun sin ser tal vez los más importantes, señalan un modus operandi que había transformado al terrorismo de Estado en medio de enriquecimiento y acumulación económica.
En ese punto, resulta obligatorio citar la estatización de la deuda externa privada, proceso en el cual jugó un papel de primer orden el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, durante la dictadura del general Reynaldo Bignone. Se trató de un asalto en regla a las arcas públicas y una de las mayores tragedias económicas sufridas por el país.
En definitiva, se traspasaron al Estado los pasivos contraídos en el extranjero por compañías argentinas y/o foráneas instaladas en el país, un latrocinio que benefició a pulpos como Sevel (familia Macri), Acindar (Martínez de Hoz era uno de sus directores), Loma Negra (Fortabat), Compañía Naviera (Pérez Companc) y multinacionales como Techint, IBM, Ford, Fiat, Banco Río, Francés, Supervielle y Citibank, entre otros.
Sin embargo, por esa estafa contra la Argentina nadie pisó jamás un tribunal.
