Tras haber sido destituida de su cargo por presuntas irregularidades financieras y administrativas, Sandra Maiorana fue denunciada, junto a otros referentes de la Seccional AMRA Santa Fe. La acusan de impedir el acceso al apoderado y al interventor designado al local de la calle San Luis, en Rosario.
El pasado 24 de mayo el actual interventor de la Seccional designado por la Comisión Directiva, Pablo Crispo, junto con el apoderado nacional de la entidad, Gustavo Montemartini, acompañados por una escribana pública, fueron imposibilitados de acceder a la propiedad perteneciente a la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).
Según expresa la denuncia, Sandra Maiorana les prohibió el ingreso, imposibilitando que cumplan el mandato de la Comisión Directiva de «resguardar toda información y documento contable» que pudiera encontrarse en la sede de calle San Luis.
La presunta obstrucción, perpetrada por Maiorana ex integrante del Consejo Directivo de la CGT, en este caso acompañada por los doctores Emiliano Veron y Griselda Kopecky, fue registrada en acta notarial y se realizó la denuncia en el Ministerio Publico de la Acusación.
Vale recordar que AMRA decidió intervenir la seccional Santa Fe del sindicato. La medida significó el cese de sus cargos a todos los miembros de la comisión directiva y la designación de interventores en su lugar.
El comunicado oficial de la conducción nacional marcó un listado de lo que consideró faltas graves: «de orden administrativo, financiero, la irresponsable actitud de los dirigentes de no haber respondido a los reclamos correctivos que la Comisión Directiva Nacional solicitaba y que ponen en riesgo a toda la Organización Nacional de AMRA; la irregular convocatoria a elecciones de esa Seccional cuando no se remitieron en ocho meses las listas de altas y bajas y la utilización de métodos de afiliaciones inexistentes.»
En otro orden, señalaron que también hubo una sistemática persecución a dirigentes de esa Seccional que no adherían o acompañaban al “posicionamiento político gremial” que la conducción local determinaba, siendo aislados y posteriormente separados de sus cargos.
«Esta cuestión debe tomarse como gravísima y no tolerable por su metodología y por ocurrir en el seno de una Organización Sindical«, agregaron.
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