San Nicolás vive días de fuerte tensión política y social tras las denuncias del Sindicato de Trabajadores Municipales contra el intendente Santiago Passaglia (JxC), quien enfrenta acusaciones por pagos irregulares a concejales de su bloque y discriminación en el manejo de fondos destinados a empleados municipales, por la exclusión de beneficios salariales a un grupo de trabajadores sin justificación.
La polémica estalló a semanas del escándalo por los «premios ilegales» que el Poder Ejecutivo de San Nicolás otorgó a ediles oficialistas. La presidenta del bloque peronista, Cecilia Comerio, pidió explicaciones públicas sobre los pagos, exigiendo saber si hubo contraprestaciones a cambio. Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Luchelli, no respondió.
El Sindicato Municipal de San Nicolás, liderado por Rodolfo Cecchi, presentó una denuncia penal y elevó una queja al Tribunal de Cuentas provincial. Según la investigación, los pagos no solo carecen de justificación, sino que, además, un grupo de trabajadores municipales fue arbitrariamente excluido de beneficios salariales sin explicación.
A pesar de las denuncias, el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2024 con el apoyo de los once concejales de Juntos por el Cambio (JxC) y dos libertarios afines al oficialismo. Entre ellos, destaca Sol Arance, hija de un dirigente sindical minoritario cercano a Passaglia.
En contraste, el radical Agustín Barba, alineado con sectores opositores internos como los liderados por Martín Lousteau, rompió con el passaglismo en señal de disconformidad con las prácticas del Ejecutivo.Los concejales peronistas que participaron de la sesión se abstuvieron de votar el presupuesto, denunciando medidas como el régimen de retiros voluntarios, que forzó la salida de 150 empleados municipales en condiciones laborales cuestionables.Impacto social y descontento laboral
El escándalo coincide con el aumento del desempleo local, que según el INDEC subió del 6,5 % al 7,2 % en el último trimestre, y con conflictos en empresas siderúrgicas que agravan la crisis. En este contexto, los trabajadores monotributistas, que perciben sueldos precarios de 390 mil pesos por jornadas de 12 horas, denunciaron que aún no han recibido el aguinaldo correspondiente a diciembre.
Por su parte, Cecchi, quien lidera las denuncias, sufrió represalias directas. Su salario de enero fue depositado con tres días de retraso tras una intimación legal.
Las prácticas del gobierno local, liderado por la familia Passaglia durante tres generaciones, han sido cuestionadas. Desde un artilugio administrativo que reduce artificialmente las dietas de los concejales hasta el uso discrecional de los fondos municipales, la gestión del intendente ha sido acusada de priorizar intereses partidarios sobre el bienestar ciudadano.
El sindicato insiste en la necesidad de investigar los pagos ilegales y sugiere que estos «premios» buscan asegurar lealtades políticas en el Concejo. Mientras tanto, el malestar social sigue creciendo, en una ciudad que aún arrastra las heridas económicas y sociales de la privatización de Somisa en los años noventa.
El caso refleja no solo un conflicto político interno, sino también un profundo descontento social en San Nicolás. Mientras las denuncias avanzan en la justicia y en el Tribunal de Cuentas, el sindicato y los sectores opositores demandan mayor transparencia y respeto a los derechos laborales. La respuesta del Ejecutivo nicoleño, por ahora, sigue siendo el silencio.
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