Manuel García-Mansilla lleva una semana en la Corte Suprema, y ya aprendió el arte de la puñalada por la espalda. En su primera decisión en el máximo tribunal, falló en contra de los intereses de Javier Milei –que lo puso a dedo en la cima del Poder Judicial argentino– al negarle la licencia a su consorte de decreto, el juez federal Ariel Lijo, para que se mude de los tribunales de Comodoro Py al Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Lijo respondió que seguirá en su juzgado a la espera de que el Senado decida si le da el aval para convertirse en supremo.

Lijo y García-Mansilla fueron designados por el decreto 137 que firmó Milei para poner dos jueces en la Corte sin negociar con el Senado. Los cortesanos le abrieron rápidamente la puerta a García-Mansilla, que hasta entonces ejercía como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei, y como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

García-Mansilla había defendido su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado en agosto. Allí, había dicho que él no asumiría en comisión –como Mauricio Macri había intentado con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. No consiguió los avales necesarios siquiera para que su pliego fuera llevado al recinto. En el caso de Lijo, la situación era distinta. Tenía su pliego en condiciones de ser tratado, pero el Gobierno terminó levantando la sesión prevista para el viernes 21 de febrero mientras crecía el escándalo por el criptogate que lo tiene al Presidente como principal protagonista.

El jueves pasado, Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento a García-Mansilla. La ceremonia fue prácticamente secreta. El recién llegado no llevó familiares ni amigos. Solo lo acompañaron los cortesanos, un grupo de secretarios letrados y el número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio.

Durante todo el fin de semana se especuló sobre cómo sería el voto de García-Mansilla en un tema trascendental como es la incorporación de Lijo. Algunas versiones indicaban que podría excusarse. Una acordada –firmada en abril del año pasado– establecía que, en ese caso, los habilitados para decidir serían tres y, por ende, se necesitaría una mayoría de dos para resolver.

Sin embargo, García-Mansilla decidió jugar. Y votó en contra de su compañero de decreto.

En su exposición ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla ya se había diferenciado de Lijo al defender el fallo que resucitó una ley derogada para que el presidente de la Corte sea también la cabeza del Consejo de la Magistratura –el organismo encargado de la selección y sanción de los jueces. No es una casualidad: ese fallo fue motorizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una entidad privada que agrupa a los integrantes de los estudios jurídicos más importantes de la City –y los más conservadores también. El Colegio de la calle Montevideo auspició la llegada de García-Mansilla a la Corte e hizo campaña en contra del otro candidato de Milei.

De hecho, un día antes de que Lijo debiera presentarse ante el Senado, Victoria Villarruel fue a un evento en el Colegio y allí dijo que no quería que el juez federal llegara al máximo tribunal. Villarruel criticó a Lijo por el criterio que mantiene a la hora de decir qué causas constituyen crímenes de lesa humanidad y cuáles no –uno de los caballitos de batalla sobre los que cabalga la vice, que pretende juzgar a los sobrevivientes de los años ‘70.

García-Mansilla, por el contrario, es un hombre de consulta para la vicepresidenta. “A García-Mansilla lo conozco. Es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es ‘wow’. Es impresionante. De hecho, cuando el Ejecutivo presentó el DNU (70/2023), yo le pedí a García-Mansilla si me podía explicar bien”, relató Villarruel en una entrevista con TN. La Corte todavía tiene para revisar distintos expedientes contra el megadecreto: debe decidir si convalida la suspensión del capítulo laboral que lograron centrales sindicales en los tribunales.

La situación de Lijo

Lijo es un nacido y criado en los tribunales de Comodoro Py. Desde 2004 es titular del Juzgado Federal 4. Antes, había sido funcionario en la Cámara Federal. Tiene 56 años y, por ende, le quedan 19 años en la judicatura. La “comisión” decretada por Milei vence el 30 de noviembre. Si no consiguiera el aval del Senado, Lijo debería volver al llano.

Como no estaba en sus planes renunciar, Lijo pidió una licencia extraordinaria. Lo hizo ante la Cámara Federal porteña. El jueves pasado, el tribunal de apelaciones de Comodoro Py le dio un espaldarazo: hizo lugar a su pedido. La acordada salió con las firmas de los seis integrantes de la Cámara: Mariano Llorens, Martín Irurzun, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah y Roberto Boico.

En la Corte masticaron bronca. Y este jueves llegó la contestación en un acuerdo que duró menos de media hora. Antes del mediodía trascendió que le habían rechazado la licencia a Lijo y que la votación había salido tres a uno. El único que dijo que le correspondía el permiso a Lijo fue Lorenzetti, que, además motorizó su nominación.

Cerca de las 15 se conoció la resolución con los fundamentos. Llevaba las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla. Invocaron la acordada 34 que la Corte adoptó en 1977 –en plena dictadura– para establecer un régimen de licencias para magistrados, funcionarios y empleados. La Corte se reserva para sí misma la decisión sobre las licencias de “excepción”, que sería la que pidió Lijo, ya que, según los supremos, no se engloba dentro de las ordinarias o extraordinarias. Con esto, lo que buscaron decir es que la Cámara Federal no debió haber intervenido. Por eso, dejaron sin efecto lo que había decidido ese tribunal.

El trío invocó un precedente. En octubre de 1975, René Daffis Niklison, que era juez nacional de instrucción con acuerdo del Senado, fue designado en comisión para mudarse al Juzgado Federal 4 –casualmente el mismo que ocupa Lijo desde hace 20 años. En ese momento, la Corte le dijo a Niklison que era inadmisible tener la condición de juez con acuerdo del Senado en simultáneo con la de juez designado en comisión, y que la aceptación de la comisión implicaba por su parte un “acto de voluntad expresa de poner fin” a la situación anterior.

“El criterio allí fijado impide la doble investidura como juez de la Nación, sobre la base de títulos constitucionales distintos, resultando indiferente si el ejercicio de uno de ellos se encuentra suspendido. La licencia, por ello, no puede ser concedida”, escribió el trío.

“No va a renunciar”, contestaron ante una consulta de este diario cerca de Lijo. “Va a esperar la decisión del Senado”. Lijo siguió las novedades desde su oficina en el ala izquierda del tercer piso de Comodoro Py. Tiene a su cargo también el Juzgado Federal 12, donde tramita la megacausa por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La hora de la política y de la ley

Hay versiones de que la oposición podría pedir una sesión especial para tratar los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Unión por la Patria (UxP) dijo que no le prestaría acuerdo a quienes hayan aceptado ingresar a la Corte sin el aval del Senado –y por decisión unilateral del Presidente.

Hay otro partido que se juega en los tribunales. El decreto 137/2025 está impugnado judicialmente. El viernes, el juez federal Alejo Ramos Padilla se declaró competente para revisar las designaciones. En las últimas horas, cuatro organizaciones de la sociedad civil se presentaron en el expediente para pedir que se impida que Lijo jure en la Corte –algo que los cortesanos no parecen especialmente apurados por permitir– y que García-Mansilla se aboque a examinar casos.

Es improbable que haya movimientos en ese expediente antes del lunes porque Ramos Padilla está de licencia. En su fallo, el juez había destacado la necesidad de actuar con “prudencia” por lo que está en juego: la conformación del más alto tribunal de justicia de la Argentina. En el Palacio de la calle Talcahuano mostraron alguna preocupación  al enterarse de que Ramos Padilla tenía el expediente. En 2015, fue él, como juez federal de Dolores, quien frenó la llegada en comisión de Rosatti y Rosenkrantz, y obligó a que debieran afrontar el trámite ante el Senado.