La CGT y las dos CTA se pronunciaron contra lo que consideran un «intento de proscripción» de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Para Daniel «Tano» Catalano hay que «ir a tribunales y quedarnos ahí el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva».
El pedido de condena del fiscal Diego Luciani sobre la Viceprensidenta Cristina Fernández de Kirchner derivó en una coincidencia unánime en el mundo sindical, como la que hace tiempo que no se veía en ese terreno marcado por las disputas.
La CGT y las dos CTA salieron a denunciar que se trató de un «intento de proscripción» por parte del poder judicial y catalogaron lo acontecido de «show mediático».
«Un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita», dijo la CGT en un comunicado firmado por su consejo directivo.
La central enfatizó que «rechaza la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ejercicio de un mandato constitucional».
«Los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento», afirmó la central sindical.
Y aseguró que «no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito».
«El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el Peronismo. Esperamos que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación», completó.
Por su parte, la CTA de los Trabajadores denunció una «Conjura de los fiscales para proscribir a Cristina» y advirtió que «no dudará un instante en volcarse a las calles para acompañar a la Vicepresidenta» en caso de que este «proceso proscriptivo siguiera su curso y atentara contra la libertad de Cristina y contra la plena vigencia de la Constitución».
Además, señaló que «no hay una sola prueba que les permita sostener esta ‘patraña de fraude contra el Estado’ perpetrado por una pretendida ‘asociación ilícita’ que, tanto Cristina en su carácter de Presidenta de la Nación, como (el expresidente) Néstor (Kirchner), (exministro) Julio De Vido y otros habrían integrado para ‘sustraer fondos del Estado en beneficio particular’».
Y agregaron: «Esta conjura antidemocrática de la Fiscalía en la causa conocida como ‘Obra pública’ se mantiene con fiereza porque es la punta de lanza de toda una ofensiva gorila y antipopular que es alentada por los grandes grupos económicos y el conjunto del poder fáctico».
«No estamos en disposición de tolerar ningún golpe a la voluntad popular», completó la CTA de Hugo Yasky.
Por su parte la CTA Autónoma calificó como un «show mediático» el alegato de los fiscales en el denominado juicio Vialidad que concluyó ayer: «Se trata de un hecho sin precedentes y de una inusitada gravedad institucional que no es otra cosa que el último capítulo de la guerra jurídica en la Argentina», dijo la CTA Autónoma en un comunicado difundido anoche.
«Ya pocos dudan de que se esconde, detrás de la parodia judicial, una disputa política», añade el texto firmado por el secretario general, Ricardo Peidró; el secretario general adjunto, Hugo ´Cachorro´ Godoy; y la secretaria general adjunta, Claudia Baigorria.
Los representantes de los trabajadores añadieron que «la farsa está clara: es notoria la falta de pruebas para sostener la acusación; es forzada e insostenible la manera de vincular a la vicepresidenta con hechos que no la tuvieron ni siquiera como protagonista secundaria; es insólito sostener que el funcionamiento habitual de los órganos constitucionales se convierta en una asociación ilícita».
«Lo real es intentar por vía de esta puesta en escena judicial una proscripción política que retrotrae a la Argentina a épocas que creíamos superadas como lo ocurrió durante la autodenominada “Revolución Libertadora” y las consecuentes exclusiones durante décadas de un vasto sector político», apuntó el comunicado.
En ese marco, planteó que «lo más trágico es que, con este nuevo episodio, se llega a un hito prácticamente inédito de la crisis del sistema judicial argentino, que revela así su peor cara».
«Hasta que no se resuelva una reforma democrática profunda del Poder Judicial, no habrá verdadera democracia en nuestro país ni posibilidad alguna de un modelo social, económico y político en favor de las grandes mayorías populares», lamentaron los sindicalistas.
Además se pronunciaron por que «se imponga la verdad y este intento de proscripción no prospere. Que sea el pueblo y únicamente el pueblo el que decida quiénes y cómo se gobierna en la Argentina a través del voto popular».
Por último, y en un contexto en el que varios gremios se declararon en Estado de Alerta y pidieron a sus afiliados estar listos para ganar la calle, Daniel «Tano» Catalano, planteó que es «ahora es momento de salir. Cuando la condenen va a ser tarde».
En declaraciones a la AM530 el líder de ATE Capital pidió «ir a tribunales y quedarnos ahí el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva esta situación».
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