El gremio de rurales promete resistir el desembarco ordenado por el Gobierno sobre la segunda mayor prestadora sindical de salud de la Argentina. Mientras tanto recrudece la interna entre el secretario general y su rival, un diputado libertario.
La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) planteará la nulidad de la intervención resuelta esta semana por el Gobierno respecto de su obra social, Osprera, por entender que se trata de una acción “arbitraria y caprichosa”. El gremio, además, consideró “ilegítimo” el nombramiento de una interventora en la segunda prestadora sindical de salud más populosa de la Argentina y contradictorio respecto del fallo de la Justicia federal de La Pampa que en junio pasado resolvió la normalización de la entidad tras quince meses de intervención de ese poder.
Con apenas una semana de diferencia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano que encabeza en lo formal Gabriel Oriolo pero que maneja en los hechos el asesor sin cargo Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, pasó de nombrar a la médica Virginia Montero (exMedifé) como administradora provisoria de Osprera a designarla al frente de la intervención con el consecuente desplazamiento de las autoridades de la Uatre. La medida tiene como telón de fondo el enfrentamiento que arrastran desde hace años el secretario general del sindicato y expresidente de la obra social, José Voytenco, y el diputado nacional en la actualidad libertario y exvice de la prestadora Pablo Ansaloni.
Entre los argumentos del decreto 720 que dio marco legal a la intervención el Gobierno menciona una deuda que en la actualidad asciende a 44 mil millones de pesos, con un crecimiento de 63% en apenas seis meses, y una ayuda financiera aprobada en octubre pasado por la anterior gestión a cargo de la SSS, en el gobierno de Alberto Fernández, por 3.350 millones de pesos. También, la falta de servicios para sus afiliados y una aparente inconsistencia entre los prestadores denunciados como vigentes y los que efectivamente brindaban atención. Parte de las irregularidades que el Ejecutivo le endilga a la Osprera datan de la intervención ordenada por el juez federal pampeano Juan José Baric que se extendió entre marzo de 2023 y junio de este año.
Sin embargo la acción de la SSS no acalló la interna de la Uatre. Desde la conducción del gremio dieron a conocer una minuta con una cronología de las idas y vueltas de la obra social que en lo esencial responsabiliza por las presuntas irregularidades a Ansaloni, a quien incluso señalan como “presidente” de Osprera cuando nunca ejerció ese cargo sino la vicepresidencia por debajo de Voytenco. El diputado de LLA (originalmente del partido Fe y luego incorporado a Juntos por el Cambio hasta su encarnación actual como libertario) le dijo en cambio a El Destape que todas las decisiones que tomó entre septiembre de 2021 y marzo de 2023 (inicio de la intervención judicial) fueron por consenso de los cinco integrantes del Consejo Directivo con Voytenco a la cabeza.
“Todas las resoluciones en Osprera se tomaron por unanimidad en el Consejo que integrábamos Voytenco como presidente, yo como vice, Carlos Caballero como tesorero, Walter Cáceres, secretario de Actas y Marcelo Acevedo, secretario de Acción Social. Nunca fui presidente y tampoco tuve manejo de dinero en efectivo. Aún así dejé la obra social con un superávit de 1500 millones de pesos”, alegó Ansaloni.
Tal como reveló este medio, la intervención de Osprera fue la más impactante de una andanada de decisiones del Ejecutivo de hostigamiento hacia organizaciones sindicales. En menos de una semana fueron intervenidas otras dos obras sociales, la del gremio de los ladrilleros (OSPL) y la de esa misma actividad pero a máquina (Ospilm), e inspeccionadas media docena de prestadoras sindicales por parte de un grupo de catorce funcionarios de la SSS a bordo de una combi.
En la Superintendencia confirmaron los operativos y agregaron que continuarán en lo sucesivo a razón de tres o cuatro por semana, al tiempo que elevaron el nivel de advertencia: señalaron que las obras sociales intervenidas podrán ser eventualmente liquidadas en caso de que sus nuevas autoridades las juzguen inviables. Ninguna de las amenazas motivó todavía una respuesta institucional de la CGT.
FUENTE EL DESTAPE
