Los ocho expolicías acusados de participar de la represión que causó la muerte del docente Carlos Fuentealba durante una protesta en Neuquén en 2007 expresaron sus últimas palabras antes del fallo, en la décima audiencia del juicio de la causa Fuentealba II que se realizó en la Ciudad Judicial de Neuquén.
Al iniciar la audiencia, el juez Luis Giorgetti dio lugar a que los imputados pudieran realizar su «manifestación de última palabra», para luego dar por cerrada la instancia oral.
El primero en dirigirse al tribunal, integrado por Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz, fue el exsubjefe Moisés Soto, quien afirmó que «efectivamente nosotros fuimos convocados el día 3 de abril a Casa de Gobierno, donde el (entonces) gobernador (Jorge) Sobisch nos instruye con respecto a Arroyito», la zona de la protesta.
«Nos dice que, sin querer cortarle el derecho a los manifestantes, él ya tenía conocimiento que Vialidad Provincial había realizado un trabajo en un camino alternativo a la altura del puente Carancho», por ello, explicó que la consigna era no permitir que los docentes se manifiesten en el puente de Arroyito, pero sí podían hacerlo en el puente Carancho.
También, aclaró que «no teníamos un conocimiento real de lo sucedido el 4, allí en la ruta 22, con relación a la agresión que sufriera el maestro Fuentealba. Es por ello que una vez finalizado el trabajo allí se dispone que todos regresen a la jefatura de policía», donde luego se secuestraron las armas y se pusieron a disposición de la Justicia.
Luego fue el turno del exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto, quien manifestó que «he permanecido 16 años en silencio respetuoso de la justicia, de las autoridades de la provincia de Neuquén, pero quiero comentarles a ustedes señores jueces, yo hace 16 años estoy condenado, sometido al escarnio, al escrache, a la designación de asesino, de encubridor de un asesinato».
Asimismo, aseguró que «todo es fundamentado en elementos utilizados en la causa Fuentealba I para tildarnos de esta manera», y agregó que esa «causa que fue esclarecida, el culpable está condenado».
El exdirector de Seguridad Mario Rinzafri también detalló lo sucedido el 3 y 4 de abril de 2007 y aseguró que la consigna del operativo era brindar un camino alternativo para mantener la libre circulación.
«Hace 16 años que nosotros estamos condenados, hace 16 años que estamos a disposición de la justicia, tres veces la justicia dispuso nuestro sobreseimiento. Pido que se haga justicia, que se cierre», expresó Rinzafri.
El exjefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido y el policía Aquiles González hicieron referencia a su trayectoria dentro de la institución policial, recordaron los hechos del 4 de abril de 2007 y finalmente pidieron justicia.
El policía Julio César Lincoleo aseguró que «en ningún momento vi lo que sucedió con el maestro», transcurrieron «16 años de no saber qué hice para encubrir a (el condenado policía José) Poblete».
Luego el policía Benito Matus señaló que «a diferencia del resto tengo dos imputaciones (abuso de armas y lesiones leves)», y le agradeció a su defensor que «echó luz a todas las acusaciones falsas que he tenido todos estos años».
Matus explicó por qué llegó a sostener y disparar un arma cuando se encontraba en el área de logística y vestido de civil el día del operativo, y aseguró que «yo no me preparé para matar gente, para tirarle a un auto, yo me defendí de la agresión que me vieron como blanco fácil al ser grandote y carente de todo elemento de seguridad».
Por último, el exjefe de la policía de Neuquén Carlos Zalazar recordó cómo era la situación de los docentes en esa época, y qué sucedió el 4 de abril.
«Todos sabemos que hacía un tiempo prolongado que los maestros venían cortando rutas, molestando a la ciudadanía de la provincia con sus actitudes belicosas», y agregó que con la medida de fuerza del gremio «se estaba cortando la libertad de comunicación, de trabajo, de circulación, del turismo y eso es un delito», motivo por el cual le ordenó al general Moisés Soto que organizara un operativo de prevención.
Finalizadas las manifestaciones de todos los imputados, el juez Giorgetti dio por cerrado el juicio e informó que en el plazo de dos días se informará la fecha y hora en la que el tribunal dará el veredicto.
Carlos Zalazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Jorge Garrido y Mario Rinzafri están imputados por abuso de autoridad y encubrimiento y fueron acusados por la querella que representa a la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez.
También fueron acusados solo por la querella -integrada por los abogados Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña- Aquiles González y Julio César Lincoleo, que se encuentran imputados por encubrimiento agravado.
En tanto, el policía Benito Matus (imputado por abuso de armas y lesiones leves), fue acusado por la querella y por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.
El maestro Fuentealba murió por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo Poblete el 4 de abril de 2007, durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, en cercanías del paraje Arroyito.
Poblete fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado con alevosía.
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