La Justicia Federal ya tramita una causa penal contra el fiscal José María Campagnoli y contra uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que supone una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió el 22 de mayo en el marco de la causa que encabeza por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.
La denuncia fue interpuesta el pasado miércoles por el abogado Jorge Chueco –imputado en una supuesta maniobra de extorsión contra Elaskar por la venta de la empresa SGI Argentina SA–, y quedó radicada bajo el expediente CFP 8701/2013 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3, a cargo de Daniel Rafecas. El juez convocará la semana próxima al denunciante para su ratificación, y luego le dará intervención al fiscal Jorge Di Lello para que confirme si le da impulso a la investigación, que tiene como carátula provisoria, “averiguación de delito”.
