En diciembre pasado el gobierno expropió un terreno privado en la región de los valles de altura. La dueña del potrero denunció que aparecieron de un día para otro y la amenazaron para que firme. El caso reflotado por el Museo de Tilcara revela el uso de la violencia como modus operandi para gestionar el conflicto con las comunidades originarias.
Mientras la atención sigue concentrada en San Salvador de Jujuy, donde el martes se desató una feroz represión tras la jura de la nueva Constitución que ayer fue publicada en el Boletín Oficial (a pesar de que el gobernador Gerardo Morales decretó asueto administrativo), emergen en simultáneo las voces de los otros grandes perjudicados con esta reforma: las comunidades indígenas de la provincia.
En ese sentido, el Museo Terry de Tilcara (único de carácter nacional en todo el territorio jujeño y con fuerte vinculación con los grupos indígenas de la zona) generó un interesante contenido que refleja parte de esta tensión a través de un ejemplo modélico en el conflicto que el propio Morales intentó ignorar en la conferencia de prensa del lunes pasado, cuando dijo que su administración contaba con la aprobación de todas las comunidades, aunque luego reconoció que sólo habían hablado con 153 de las 300 registradas en todo Jujuy.
Quien habla en el video es Ramona Chapor, nacida y criada en Caspalá, una pequeña localidad en la zona centro-oeste de la provincia, en la región de los valles de altura, entre los departamentos de Tilcara y Humahuaca y la frontera con Salta. A pesar de contar con apenas trescientos habitantes y estar fuera del eje turístico, Caspalá es un claro ejemplo de la manera en la que la gestión Morales avanza con violencia sobre los derechos de las comunidades originarias, muy lejos del diálogo pacifista que aseguró tener en la conferencia del lunes y en las simultáneas entrevistas con sus periodistas afines.
Ramona, de 43 años, narra el cruento episodio que padecieron a fines del año pasado, cuando el gobierno provincial se ensañó con su pueblo y le arrebató la titularidad de terrenos que eran de uso público para la comunidad kolla.
“Nací acá pero durante tantos años nunca he visto un destrozo tan único. Fue una pesadilla para mí, porque nunca vivimos de esta manera, y ahora Morales, el gobernador, se puso de acuerdo con el comisionado, armaron proyectos con mentiras, falsificando firmas”, relata Chapor. Caspalá es manejada por Cambia Jujuy, de Morales, aunque en las elecciones de mayo se impuso el Frente Justicialista de Jujuy, ruptura del régimen oficialista que también se produjo en otros pueblos y comunidades del interior como Yavi, Mina Pirquitas, Rinconada, El Moreno y Fraile Pintado, entre otros.
“A través de eso hasta a mí me han robado mi firma, diciendo que yo he firmado. ¿Pero cómo yo voy a firmar para que me destrocen mi terreno? Después vinieron las máquinas y las fuerzas, policías, y nos han hostigados y amenazado con llevarnos presos, que no nos opongamos”, explica. “Aparecieron de un día para el otro y amenazaron a mis hijos para que firmen. Ingresaron al terreno y rompieron todo con la máquina, empezaron a tirar los alambrados, los potreros que teníamos forestados entre diez años que nosotros hemos trabajado con mis hijos”.
La discusión en Caspalá es compleja y divide a una misma familia, los Apaza: la actual comisionado, Natividad Apaza, es de Cambia Jujuy, liderado por Gerardo Morales, aunque en las elecciones de mayo se impuso Rosa Apaza, del Frente Justicialista de Jujuy, quien venció por el 70 por ciento de los votos a Armando Figueroa, candidato del oficialismo. Rosa era concejal pero fue desaforada después de oponerse a la expropiación de tierras que justamente cuenta Ramona Chapor en el video. Esta estrategia es muy propia de la manera que Morales encontró de vincularse con las comunidades originarias: generando divisiones internas para negociar con una parte en detrimento de otras, algo naturalmente mucho más fácil que lograr la adhesión unánime.
A fines del año pasado el gobierno provincial se propuso construir una escuela en un terreno que era de la comunidad kolla, a pesar de que había otro lote previamente destinado para ese fin. Como unos doscientos locales se opusieron, Gerardo Morales envió cuarenta efectivos de Infantería, cuenta que arroja un policía cada cinco personas. El resultado es el mismo que el logrado en las represiones del sábado y del martes pasados: gases lacrimógenos, balas de goma y detenidos.
El terreno sobre el cual el gobierno quería construir una escuela era una cancha de fútbol que funcionaba como espacio público de interacción social para el pueblo. Para compensar eso, la administración Morales propuso reponer la cancha en otro espacio, que es el potrero que menciona Ramona Chapor, perteneciente en verdad a su familia.
El problema no es únicamente que la propiedad de la tierra es privada, sino que allí había un antigal, sitio de restos arqueológicos. Sin embargo acusan que la Dirección Provincial de Patrimonio acudió al lugar con custodia policial y máquinas que cavaron más de dos metros, llevándose de Caspalá piezas de incalculable valor histórico. Por otro lado, el lugar inicialmente destinado a la escuela fue loteado con otros fines aún no determinados, lo cual alienta otra sospecha: que allí se realicen emprendimientos turísticos.
“El potrero era una herencia de su abuelo, hace años que se viene avanzando con la hacienda y mejorando con la cría, pero de un día para el otro dicen que ya no tienen la propiedad, que él ya no es el dueño, y que pasó a ser del Estado. Todo eso hizo Morales”, explica Ramona, relatando el modus operandi que justamente llevó a varias comunidades originarias a bajar a las rutas el sábado para manifestar su temor ante la posibilidad de que esta tesitura expropiadora se recrudezca con la nueva constitución jujeña.
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