Las Administradoras de Riesgo del Trabajo (ART) implementan un ajuste en las cuotas aluden falta de margen económico por la creciente litigiosidad. Desde el Gobierno de Javier Milei denuncian cartelización, mientras sectores empresariales alertan por el impacto en la actividad que presionaría los precios.
La decisión de las Administradoras de Riesgo del Trabajo (ART) de aplicar un aumento de hasta el 40% en sus tarifas desde esta semana generó una nueva disputa entre las empresas del sector y el Gobierno. Mientras las aseguradoras justifican el incremento por el aumento de la litigiosidad y el deterioro del sistema, desde la administración nacional las acusan de “cartelizarse”.
El problema de fondo, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), radica en la creciente judicialización de los accidentes laborales. Durante 2023, se iniciaron 125.842 juicios relacionados con esta problemática, un 6,8% más que el año anterior. “Estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: afectan las decisiones de inversión y empleo de los empleadores, limitan las oportunidades de los trabajadores y socavan la solvencia del sistema”, explicaron desde la UART.
Las aseguradoras sostienen que este “costo judicial” se ha convertido en una barrera estructural para el desarrollo económico del país. “Los porcentajes de siniestralidad en Argentina son similares a los de países como Chile y España, pero la judicialidad es hasta 20 veces mayor, lo que descoloca cualquier esfuerzo competitivo”, indicó la cámara empresarial. El aumento tarifario también lo justifican con la inflación de los últimos años.
En respuesta, las principales compañías del sector acordaron un aumento coordinado de tarifas. Entre las empresas involucradas se encuentran Experta, del Grupo Werthein; Galeno; Segunda Seguros y el Grupo Provincia. Incluso, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, habría dado luz verde para que Provincia ART participe del acuerdo.
Desde la UART, presidida por Mara Bettiol, aclararon que “no impulsamos aumentos. Cada compañía define su política y sus tiempos”. Naturalmente, un aumento en el ámbito laboral presionaría a la inflación, el caballito de batalla del Gobierno.
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