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La denuncia se refiere a los delitos contemplados en los artículos 149 bis y 149 Tercero del Código Penal, por amenazas y amenazas agravadas cuando tienen como objetivo la obtención por la fuerza de una medida o concesión por parte de alguno de los poderes públicos.
También se fundamenta en los alcances del artículo 194, referido a la creación de “una situación de peligro que impida o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes”.
De esta forma, Randazzo, como responsable del área de Transporte y por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó a través de la Procuración del Tesoro la denuncia en la Cámara Criminal de Comodoro Py.