El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) solicitó a través de un proyecto de declaración «el esclarecimiento de los sucesos, las causas y las motivaciones que condujeron al atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner», al cumplirse un año de ese hecho.
En los fundamentos de la iniciativa, el también líder de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), señaló: «A un año del atentado, la orientación de la investigación fue parcializada y limitada al abordaje descontextualizado de los sucesos».
«Aún hoy, la información contenida en el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, quien fuera el autor material directo del intento de homicidio, no fue analizada apropiadamente», agregó.
Yasky recordó también que «Brenda Uliarte, quien colaboró con el autor del intento de homicidio y días antes participó en las movilizaciones convocadas por el grupo Revolución Federal y otras organizaciones que llamaban a atentar contra la vida de la vicepresidenta, permanece detenida sin que se haya indagado, hasta la fecha, la responsabilidad de quienes motivaron su comportamiento, y con ello, el de Sabag Montiel».
«Ya se encuentra aprobado que Caputo Hermanos inició la contratación del miembro de Revolución Federal Jonathan Morel incluso antes de que la organización iniciara su actividad en mayo de 2022», sostuvo y agregó que «la primera manifestación de Revolución Federal frente a la Casa de Gobierno se produjo un día después de facturados fondos por 2 millones y medio de pesos a Caputo Hermanos, por trabajos que no se realizaron».
Para el diputado oficialista «los últimos pagos que continuaron de a millones, corresponden al día anterior al hecho, y la presencia de este grupo en torno a los sucesos que condujeron al atentado es indudable, pero aún así exceden la elevación a juicio oral de Sabag Montiel y Uliarte, como coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa».
«Esta elevación a juicio interrumpió una determinada continuidad de las investigaciones», enfatizó Yasky y manifestó que «no se trata de seguir pistas sino de indagar sobre el control directo o indirecto y en distintos niveles y grados que se ejercía sobre los autores ya identificados, y estructurar la investigación judicial de acuerdo a los hechos probados».
En ese sentido, aseveró que «más grave aún, y que afecta a la calidad institucional de este cuerpo legislativo, es que aún no se tengan precisiones sobre el comportamiento del diputado Gerardo Milman, quien sugirió a través de un proyecto legislativo días antes del atentado que se estaba pergeñando un falso ataque para victimizar a Cristina Fernández, al mismo tiempo que cuestionaba públicamente que se custodiara de manera adecuada su seguridad».
«La ausencia de investigaciones precisas y profundas para esclarecer estos sucesos refuerza las sospechas sobre el estrecho vínculo entre los autores directos, el grupo marginal que les otorgó respaldo organizativo, las organizaciones políticas que les dieron cobijo institucional y económico, y los exfuncionarios de gobierno especializados en inteligencia criminal y política, antes durante su gestión en el Poder Ejecutivo y ahora como miembros de este cuerpo», agregó.
Yasky señaló que «alcanzar la verdad es tarea del Poder Judicial, pero ante su desorientación, es tarea de esta Cámara pronunciarse, colaborar en el esclarecimiento y comenzar las indagaciones necesarias para dar con los responsables de hechos no judiciables o no abordados por las investigaciones judiciales; entre ellos, las causas y motivaciones que condujeron al atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner».
infogremiales
