Sin prisa pero sin pausa, la YPF bajo control estatal va encausando su rumbo hacia el objetivo de ser la herramienta que garantice la soberanía energética. Los acuerdos firmados el año pasado para la explotación conjunta en el yacimiento Vaca Muerta, la posibilidad de sumar nuevos actores a partir de la visita realizada recientemente por los funcionario a Emiratos Árabes, la fabulosa recuperación de sus acciones en los últimos dos meses y el éxito que significó el lanzamiento de los bonos para los pequeños ahorristas demuestran que la política iniciada hace nueve meses –cuando se decidió su expropiación a Repsol– comienza a dar su primeros frutos, luego de la errática política llevada adelanta por la compañía española y en un contexto internacional que no es precisamente el más beneficioso.
Desde la óptica de las finanzas, la expropiación decidida por el Estado Nacional supo a herejía. Claro que el proceso igualmente no estuvo exento de la especulación. Cuando comenzaron a surgir las primeras versiones de estatización, las acciones de la compañía en la Bolsa de Nueva York alcanzaron su pico máximo de cotización al trepar a los 41,51 dólares. Con el cambio de manos, las acciones cayeron estrepitosamente y llegaron a su peor rendimiento en noviembre del año pasado, 9,57 dólares, cuando el juez neoyorquino Thomas Griesa exigió que se le pague la totalidad de la deuda a los bonistas en default. Sin embargo, a partir de allí se inició una carrera ascendente que no tiene perspectivas de detenerse. Desde entonces, las acciones de la petrolera tuvieron una recuperación superior al 82% y en la actualidad cotizan a más de 17 dólares. En la Bolsa de Buenos Aires, el alza fue aún más pronunciada: a partir del fallo adverso de Griesa a la actualidad, las acciones tuvieron un alza superior al 96 por ciento en menos de dos meses.