El CEO de YPF, el ex Techint Horacio Marín, confirmo que la petrolera estatal abandonó el proyecto de construcción de una planta licuefactora de gas (GNL), que originalmente iba a estar localizado en el  puerto bonaerense de Bahía Blanca.

Se trataba de un proyecto que la compañía y la ciudad venían trabajando desde hacía varios años, hasta que YPF decidió su mudanza  a Río Negro. La decisión, como expresaron los expertos, era difícil de sostener a nivel técnico, y generaba fuertes sospechas de vendetta política, por la enemistad manifiesta del presidente Javier Milei hacia el gobernador Axel Kicillof.  Esas sospechas se confirmaron con los dichos de Marín.

El intendente Federico Susbielles retuiteó hoy un mensaje propio del 31 de julio pasado, cuando se anunció la relocalización. “El tiempo dirá si es un daño sólo para los bahienses o es un daño para todos los argentinos”, había escrito en esa ocasión. Hoy le agregó una breve frase: “y el tiempo dijo”.

Otro que se manifestó fue le secretario general de los trabajadores de la industria del gas natural bahiense (Stingnra), Pablo Van Den Heuvel. “Se confirma lo que los trabajadores venimos diciendo hace más de un año. Mudar la planta fuera de Bahía era inviable porque disparaba irracionalmente los costos. Ahora YPF termina haciendo exactamente lo que dijimos”, aseguró.

Van Den Heuvel, además, pone el acento en el carácter reprimarizador y antidesarrollista de la decisión de licuar el gas en barcos extranjeros. “Que lo licúen en un barco o lo licúen en otro país es exactamente lo mismo, porque los barcos vienen con su propia tripulación, que cobra en su país de origen”, explicó y agregó que “una vez más, vamos a vender el trigo para que otro haga el pan que podríamos hacer nosotros. Quedamos afuera del negocio del agregado de valor, en vez de vender un producto terminado vamos a vender un insumo”.

Cronología

Aquel proyecto data de 2014, cuando el actual gobernador Axel Kicillof integraba el directorio de la petrolera estatal y, desde esa posición, inició gestiones con quien se perfilaba como socio en el emprendimiento, con un presupuesto estimado en 30 mil millones de dólares: la petrolera estatal malaya Petronas.

A comienzos de 2024, el joint venture de ambas y contaba con los estudios de impacto ambiental, los permisos gestionados, la ubicación asignada y se preparaba para iniciar la etapa de movimiento de suelos. Pero la administración libertaria metió la cola.

Con el cambio de gobierno en Nación sobrevino también el cambio de autoridades en YPF.  Y comenzaron también las agresiones al gobernador de la principal provincia argentina, por peso demográfico y productivo, donde estaba previsto radicar la inversión, con la discusión por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), como telón de fondo.

En ese contexto, YPF abrió la posibilidad de mudar el proyecto a la localidad de San Antonio, en la provincia de Río Negro, donde no hay un puerto en funcionamiento y las condiciones climáticas hacen la operación en ese punto mucho más compleja.

Kicillof viajó a Bahía Blanca, acompañado por una delegación de ministros y diputados, con la intención de dar un fuerte mensaje político a la casa de gobierno. Aun así, amparado en un supuesto dictamen técnico, el directorio de YPF anunció el cambio de locación. Petronas, por su parte, asistió en silencio a toda la maniobra y finalmente, en diciembre de 2024, anunció su retirada del proyecto.

¿Inversión extranjera? ¡Afuera! 

El dato fue contemporáneo de varias desinversiones de jugadores internacionales del mercado de hidrocarburos. Vendieron sus posiciones en Vaca Muerta, que quedaron en manos de empresas locales, mucho más pequeñas, con buena llegada al oficialismo.

Primero fue Exxon, que le vendió sus activos a Pluspetrol, una empresa familiar de capitales argentinos. Luego la noruega Refinor decidió valuar sus activos en la región con vistas a una posible venta.

Por último, la propia Petronas vendió a Vista Energy, la empresa del ex CEO de YPF, Miguel Galuccio. En el mercado hidrocarburífero dan por sentado que esa decisión es el último coletazo de la manera en que se manejó el tema de la planta de GNL.